El Gobierno de Bahréin prohíbe todas las manifestaciones

El Gobierno de Bahréin ha prohibido a partir del martes todas las manifestaciones, después de que en las últimas semanas algunas de las protestas de la oposición hayan estado salpicadas de violencia. La medida, que también amenaza con acciones legales a los grupos que apoyen esas convocatorias, es la más radical desde que las autoridades de ese estratégico archipiélago del golfo Pérsico impusieran brevemente el estado de emergencia a principios del año pasado cuando se inició la revuelta al hilo de la Primavera Árabe.

A partir de entonces, la monarquía (suní) ha tratado de acallar a la oposición (mayoritariamente chií) con una mezcla de represión y concesiones que no sólo no ha logrado su objetivo, sino que ha polarizado aún más a la población. Ni un fallido Diálogo Nacional, ni los nuevos poderes concedidos al Parlamento, satisfacen a los opositores que se quejan de que el poder sigue concentrado en manos de la familia real y denuncian discriminación hacia la comunidad chií (dos tercios de los poco más de medio millón de ciudadanos de Bahréin).

El ministro del Interior, el jeque Rachid Bin Abdalá al Jalifa, ha justificado la prohibición de las manifestaciones como forma de “preservar la paz” a raíz de los “actos de sabotaje” y los “llamamientos a derrocar a la autoridad” de las últimas protestas, según un comunicado difundido esa madrugada por la agencia estatal BNA. El texto asegura que la sociedad está harta de enfrentamientos y que es necesario acabar con ellos.

“Como resultado de esas violaciones que ponen en peligro la paz civil, se ha decidido cancelar todas las manifestaciones y concentraciones, y no autorizar ninguna más hasta que se restablezca el orden y la estabilidad”, afirma el ministro.

De hecho, su departamento ya negó el permiso para una manifestación convocada el pasado domingo por la noche por el Wefaq, la principal asociación política de oposición (los partidos políticos no están autorizados). Ese grupo quiso organizar una marcha en las cercanías de Eker, una población chií de las afueras de Manama que se halla virtualmente sitiada por las fuerzas de seguridad desde que un ataque con un coctel Molotov matara a un policía el pasado día 18. Con él, suman dos los agentes muertos este mes como consecuencia de ataques con bombas incendiarias y artefactos explosivos de fabricación casera. Además, unos días antes, un joven manifestante murió por disparos de las fuerzas de seguridad.

En una reciente entrevista con esta corresponsal, Covadonga de la Campa, investigadora para Bahréin de Amnistía InternacionaI, admitía que “hay focos violentos”, pero subrayaba que “la policía hace un uso excesivo de la fuerza”. Según la Federación Internacional de los Derechos Humanos, ya son 80 las víctimas mortales desde que se inició la revuelta hace 20 meses, un número muy significativo dada la pequeña población autóctona del reino.

Aunque hasta ahora las autoridades habían permitido un número limitado de protestas, los observadores apuntan que la violencia se produce sobre todo en las no autorizadas. Fue el caso del pasado viernes por la noche, cuando la policía dispersó con granadas lacrimógenas y bombas de sonido una concentración organizada en la capital, Manama, por el Movimiento Catorce de Febrero, que toma el nombre del primer día de movilización el año pasado y que es más radical que la oposición tradicional.

Bahréin no es el único país de la zona que ha restringido las manifestaciones políticas por temor al contagio de la Primavera Árabe. Kuwait, cuya monarquía estaba considerado la más democrática de la península Arábiga, prohibió la semana pasada las reuniones públicas de más de 20 personas a raíz de las protestas de la oposición ante las elecciones del próximo diciembre. En los últimos meses, Arabia Saudí, Omán y Emiratos Árabes Unidos han encarcelado a activistas críticos con las familias reales en el poder.