Saqueos en la capital panameña durante las protestas contra la ley de la Zona Libre

La violencia se recrudeció este viernes en Panamá con saqueos a comercios capitalinos y enfrentamientos de miles de opositores con la policía. En un escenario de caos y disturbios generalizados en la capital, el Gobierno panameño ha acelerado los trámites legislativos para derogar una controvertida ley, aprobada el pasado 19 de octubre, que autoriza privatizar las tierras de un estratégico enclave comercial en el Caribe y que desató inmediatamente las protestas callejeras.

Panamá vivió un día marcado por la violencia de encapuchados contra establecimientos comerciales, con amagos de asaltos a bancos y choques callejeros en las principales vías de la capital, en un escenario de bloqueos y ataques con palos y piedras a las fuerzas antimotines, que respondieron con gases lacrimógenos y detenciones. Los desórdenes dejaron, al menos, una persona herida de bala.

La crisis se ha extendido a otras zonas del país. Grupos indígenas panameños de la región occidental, fronteriza con Costa Rica, anunciaron bloqueos y marchas de solidaridad con el movimiento cívico de empresarios, trabajadores y opositores políticos que dirige las protestas. La Zona Libre, que funciona cerca de una de las esclusas del Canal de Panamá, está regida por un mecanismo de excepción fiscal y registra un movimiento de 29.000 millones de dólares anuales.

La tensión política no cede, pese a que en un mensaje, que el presidente panameño, Ricardo Martinelli, en viaje oficial en Asia, envió por Twitter desde Japón el miércoles pasado, prometía derogar la ley en acatamiento a las exigencias populares.

Tras la aprobación de ley que permitía privatizar las tierras de la Zona Libre de Colón, el principal puerto latinoamericano de reexportación de mercancías importadas de Asia, comenzaron las protestas, en las que han muerto tres personas, ha habido heridos y detenidos y cuantiosos daños y pérdidas materiales.

En un comunicado difundido este viernes, el Gobierno reiteró la decisión de derogar la llamada Ley 72. En un ambiente de violencia en las calles aledañas al recinto parlamentario, la Asamblea Nacional ha comenzado el proceso de derogación que, según el comunicado oficial, “debe culminar este fin de semana”. “Pedimos a todos los panameños y panameñas que depongamos actitudes beligerantes para devolver la paz y tranquilidad a Panamá”, ha solicitado el Gobierno. Sin embargo, los anuncios del Ejecutivo no han aplacado la crisis y los disturbios se han agravado.

Miles de opositores se lanzaron este viernes a las calles de la ciudad para intensificar las protestas, con la exigencia de que se produzca la derogatoria definitiva. “Estamos al borde de una crisis social”, advirtió el político Juan Carlos Navarro, secretario general del Partido Revolucionario Democrático, el principal de la oposición panameña.

Tras censurar al Gobierno por el tratamiento del conflicto para prevenir el caos, Navarro subrayó que las autoridades gubernamentales “deben devolverle la calma al país”. Por su parte, el vicepresidente de Panamá, Juan Carlos Varela, quien este año rompió con Martinelli por pleitos políticos, fustigó al mandatario porque se niega a entender el mensaje enviado por la población.

El presidente “tiene a la población indignada, hay falta de credibilidad”, afirmó Varela, quien exigió al gobernante que suspenda la gira que realiza por Asia desde el sábado pasado y retorne lo antes posible a Panamá.

Se prevé que Martinelli, que el viernes estaba en Vietnam, regrese hoy al país. La defensora del Pueblo, Patria Portugal, instó a los efectivos policiales a que eviten responder con violencia. “Queremos que se derogue la ley”, ratificó el sindicalista panameño Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), una de las agrupaciones que ha participado activamente en las protestas. “Eso es lo que el pueblo quiere”, recalcó.