España confía en que Cuba expulse a Carromero sin pasar por la cárcel

El Ministerio español de Asuntos Exteriores recibió ayer con moderada satisfacción la noticia, difundida por la web oficial Cubadebate, de que el dirigente de Nuevas Generaciones de Madrid Ángel Carromero ha sido condenado a cuatro años de cárcel por “homicidio imprudente”, en el accidente de tráfico que el pasado 22 de julio costó la vida a los disidentes cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero, según fuentes diplomáticas.

A la espera de “estudiar en detalle” el contenido de la sentencia, la satisfacción se basaba no solo en que el fallo supone una “reducción sensible” de la pena solicitada por el fiscal, quien reclamó siete años de prisión en el juicio celebrado hace diez días en la localidad cubana de Bayamo, sino, sobre todo, en que “abre la puerta” para que Carromero pueda volver “lo antes posible a España”, que es el objetivo expreso de Exteriores.

El jefe de la diplomacia española, José Manuel García-Margallo, quedó con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, con quien se reunió el 27 de septiembre en Nueva York, en volver a hablar cuando se conociera la sentencia, una conversación que aún no se había producido anoche pero que podría tener lugar en cualquier momento, según las mismas fuentes. Margallo habló ayer con el embajador de España en La Habana, José Francisco Moltalbán, y con el cónsul general, Tomás Rodríguez-Pantoja, que ha asistido a Carromero desde su detención, el día del accidente.

A partir de ahora se abre un “abanico de opciones” para resolver el caso —indulto, expulsión o cumplimiento de la pena en España— que las autoridades españolas evaluarán con las cubanas, aunque no se oculta que la preferida por Madrid es la segunda. Las fuentes consultadas estiman muy difícil que el régimen de La Habana acceda a conceder el indulto, cuya tramitación podría demorarse, mientras que la expulsión puede producirse con carácter casi inmediato y el único inconveniente es que Carromero no podría regresar a Cuba, lo que se da por descontado.

Margallo ya consiguió la expulsión del empresario y periodista español Sebastián Martínez-Ferraté, que fue condenado en agosto de 2011 a siete años de cárcel por “corrupción de menores” y repatriado a España en enero pasado, en lo que se interpretó como un gesto del régimen castrista hacia el recién constituido Gobierno del PP.

La única condición para que sea expulsado es que la sentencia sea firme y, por eso, Exteriores ha recomendado a la familia de Carromero que no recurra la sentencia y evite así la dilación del proceso. “La decisión le corresponde exclusivamente a él”, han subrayado las mismas fuentes. La clave está en si la fiscalía presenta recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, para lo que aún dispone de varios días de plazo.

La tercera opción —la aplicación del convenio bilateral sobre traslado de personas condenadas de 1998— es más compleja, pues obliga a que ambos países acuerden cómo cumpliría Carromero en España la pena que le reste por cumplir. La posibilidad de sustituir la cárcel por trabajos sociales, prevista en la legislación cubana, ni siquiera se contempla, pues le obligaría a permanecer en dicho país.

En todo caso, el Gobierno español espera que el asunto esté resuelto antes de la Cumbre Iberoamericana de Cádiz, los próximos 16 y 17 de noviembre, en la que Cuba se ha comprometido a participar. La Habana ya ha dicho que “como mínimo” acudirá el canciller Rodríguez, si no una figura aún de mayor relevancia.

El caso Carromero ha puesto a prueba la política de Rajoy hacia Cuba. Aunque los populares fueron muy beligerantes con la supuesta complacencia del PSOE con el régimen castrista, una vez en el poder se han inclinado por la realpolitik. No parece casual que la sentencia se haya conocido el primer día hábil después del 12 de octubre, una vez comprobado que la Embajada española en La Habana no invitaba a disidentes a la tradicional recepción de la Fiesta Nacional.