La Duma se pone en guardia contra el “espionaje” de órganos internacionales

Rusia persevera en su campaña contra los “espías”. La Duma Estatal (cámara baja del parlamento) aprobó el viernes en primera lectura unas enmiendas de ley para evitar la difusión de los “secretos de Estado” a “organizaciones internacionales”. Las enmiendas (al código penal y al código penal procesal), aparecieron por sorpresa esta semana en el orden del día de la cámara y fueron aprobadas de forma unánime por 449 votos.

Curiosamente, las modificaciones legislativas habían sido enviadas a la Duma en 2008 por el jefe del Gobierno Vladímir Putin, que las firmó el 9 de diciembre de aquel año, el primero del mandato presidencial de Dmitri Medvédev. Han sido necesarios cuatro años para que la legislación iniciara el trámite de aprobación. Para ello, necesita de tres lecturas en la Duma, la luz verde del Consejo de la Federación y la firma de Putin, presidente por tercera vez desde el pasado mayo.

La aprobación de las enmiendas se realiza sobre un telón de fondo de una política de creciente desconfianza hacia el extranjero por parte del Kremlin. Las circunstancias, sin debate y en fin de semana, impiden valorar de forma cualificada cuáles serán implicaciones de esta legislación sobre las relaciones de los ciudadanos rusos portadores de secretos de Estado con representantes de organizaciones supranacionales así como sus eventuales efectos sobre la cooperación económica internacional. Recientemente, el presidente Putin promulgó una disposición que obliga a las empresas estratégicas del Estado (unas 200, entre ellas el monopolio exportador de gas Gazprom) a concertar con las administración rusa la entrega de información a autoridades extranjeras.

A tenor de las explicaciones adjuntas a la ley, la revelación de secretos de Estado a “organizaciones internacionales” se suma a la revelación de secretos de Estado al extranjero. Según la legislación vigente, la revelación de secretos de Estado puede llegar a constituir un delito de “traición”, susceptible de ser castigado con penas de entre 12 y 20 años de prisión.

“El espionaje y la entrega de secretos de Estado han comenzado a contemplarse no como una forma de traición al Estado, sino como diversas formas de ayudar a un destinatario extranjero, lo que ha producido la interpretación ambigua de las pruebas en procesos de espionaje”, señala la explicación oficial de la ley. “Es necesario corregir el delito de traición consistente en “prestar ayuda un destinatario extranjero para realizar una actividad hostil en perjuicio de la seguridad exterior de Rusia”, señala el texto. Las “organizaciones internacionales pueden actuar tanto en sus propios intereses como a favor de los intereses de servicios especiales de Estados extranjeros concretos”, prosigue la explicación, según la cual “algunas organizaciones internacionales emprendieron reiteradamente intentos de obtener informaciones que son secreto de Estado por métodos ilegales”. Uno de los “serios problemas” con los que se han topado los órganos de seguridad es la “difusión” “en cadena” de los secretos de Estado”, señala, y constata la existencia de un “incrementado interés” hacia esos secretos en el campo de la geología, cartografía, topografía y actividades económicas, sobre todo por parte de “representantes de organizaciones comerciales” con el fin de utilizarlos para fines lucrativos.