El veto de Costa Rica a la fecundación in vitro llega a la Corte Interamericana

Sin ejército ni presos políticos, sin desaparecidos ni pena de muerte, con un historial casi impecable en la protección de garantías ciudadanas, Costa Rica ha construido desde hace décadas un palmarés de lujo para tratar de consolidarse como un campeón de los derechos humanos en Latinoamérica. Pero esa trayectoria interna y externa en derechos individuales se ha visto alterada por un elemento controvertido: este miércoles el Estado costarricense ha comenzado a ser juzgado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), máximo tribunal de justicia de América Latina, por ser el único país del continente que prohíbe la fecundación in vitro.

Costa Rica, que precisamente es sede de la CIDH desde 1979 por su pasado en defensa de las libertades civiles -y porque en 1969 albergó los debates para establecer un pacto americano de derechos humanos-, es ahora acusada por familias costarricenses por impedir que ciudadanos estériles y sin otras fórmulas asistidas para procrear recurran en este país a la fertilización como alternativa para tener hijos.

“Creemos que la Corte fallará a favor de levantar la prohibición”, aseguró la Defensora de los Habitantes de Costa Rica, Ofelia Taitelbaum, en víspera del inicio de los dos días de audiencia en la CIDH. “Esto se trata de derechos”, agregó, al demandar que los legisladores costarricenses acepten promulgar una ley “acorde a nuestros tiempos”.

Una resolución que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de este país emitió en 2000 prohibió la fecundación in vitro, tras considerar que es un mecanismo que violenta los derechos básicos de los no-nacidos. En 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, dictó una recomendación al Estado costarricense para que modificara dicha resolución.

Pero tras múltiples negociaciones legislativas sin éxito, la presidente de esta nación, Laura Chinchilla, desistió de la vía parlamentaria y dejó abierto el camino para que la Comisión y los demandantes costarricenses acudieran a la Corte. Ante el incumplimiento de Costa Rica, la Comisión elevó el caso a la Corte a principios de 2011.

Como máxima instancia jurídica de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Corte ha juzgado, desde su entrada en funciones en 1979, a gobiernos famosos por su abultado expediente de represión política, atrocidades, matanzas y violaciones a los derechos humanos, como Argentina, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia o Venezuela. Costa Rica nunca ha sido parte de ese club.

Muralla religiosa

El caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica fue planteado por varias familias costarricenses en la CIDH para tratar de derribar un muro sostenido por la presión de facciones religiosas católicas, influyentes generadores de opinión en medios de prensa, algunos sectores políticos y pequeñas agrupaciones conservadoras.

Sobre las suposiciones de que entre las fuerzas opuestas al mecanismo in vitro hay organizaciones afines al Opus Dei, uno de los abogados representantes de la parte acusadora, el costarricense Boris Molina, dijo este miércoles a EL PAÍS que “no podría precisarle claramente quienes son. Lo importante es que quienes sean, ya van a dejar de hacerlo porque en la audiencia tanto los testimonios como los peritajes fueron contundentes”.

“Ya es intrascendente [decir] quienes son, porque definitivamente se comprobó que ellos han construido mitos durante 12 años que no se sostuvieron en cuatro horas [de audiencia]. En diciembre van a tener que conformarse con la imposición de una sentencia que va a ser fulminante”, añadió.

Los opositores al levantamiento de la prohibición han aducido que el proceso in vitro es un atentado contra la vida humana y los derechos de los-no nacidos, ya que se pierden gran cantidad de óvulos fecundados. El Estado fue representado por la Procuraduría General.

Taitelbaum, quien se involucró en el juicio sin ser parte pero bajo la figura jurídica de amiga de la Corte, replicó que las nuevas técnicas científicas permiten fecundar solo uno o dos óvulos y colocarlos en el vientre. El magistrado peruano Diego García-Sayán, presidente del tribunal, explicó que los jueces escucharán primero a los demandantes y al Estado costarricense y que ambas partes, en un plazo máximo de 30 días, deberán presentar por escrito sus alegatos y aclaraciones finales, por lo que el fallo se espera a más tardar para el 6 de diciembre de este año.

Para este jueves está prevista la fase de conclusiones de los abogados de los demandantes, de la Procuraduría y de la Comisión.