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López Obrador pide a los mexicanos pruebas del fraude del PRI

El caso de las tarjetas Monex enreda a los partidos en un largo conflicto postelectoral

Andrés Manuel Lopez Obrador, candidato del PRD en las recientes elecciones de México, durante una conferencia el 20 de julio de 2012.
Andrés Manuel Lopez Obrador, candidato del PRD en las recientes elecciones de México, durante una conferencia el 20 de julio de 2012. REUTERS

Andrés Manuel López Obrador, el candidato del Movimiento Progresista, derrotado en las elecciones presidenciales del pasado 1 de julio, ha llamado este viernes a los mexicanos a presentar pruebas sobre la presunta “compra de cinco millones de votos” por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Para ello la coalición de izquierdas instalará en los próximos días mesas en las principales plazas públicas del país en las que se recogerán las “anomalías”, organizará asambleas informativas, difundirá anuncios en radio y televisión así como mensajes en las redes sociales y se recabará el apoyo de intelectuales y artistas contra el supuesto fraude.

Esas son las principales medidas del Plan Nacional por la Democracia y Dignidad de México con el que la izquierda busca respaldar el recurso presentado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se anulen los comicios en los que resultó vencedor el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Las movilizaciones durarán hasta el próximo 6 de septiembre, fecha prevista para el fallo del tribunal.

López Obrador ha afirmado que todas las acciones serán pacíficas, descartando la ocupación de calles o plazas como ocurrió en el Paseo de la Reforma o el Zócalo de Ciudad de México en 2006 cuando tampoco aceptó su derrota en las elecciones. Fuentes próximas al Partido de la Revolución Democrática (PRD) habían asegurado días atrás a este periódico que el jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, no iba a consentir bloqueos de vías urbanas.

El recurso de la izquierda ante el tribunal electoral invoca el Artículo 41 de la Constitución, que garantiza la equidad de recursos en las campañas, y se basa esencialmente en la supuesta superación por el PRI del límite legal del gasto. En concreto, el Movimiento Progresista asegura que el viejo partido hegemónico gastó más de 4.200 millones de pesos (casi 260 millones de euros) cuando el tope es de 336 millones de pesos.

Además, la coalición acusa a Peña Nieto y su partido de “haberse beneficiado en su campaña con recursos de procedencia ilícita, con lo que comúnmente se llama lavado de dinero”, provenientes presumiblemente “de los presupuestos estatales o vinculados al crimen organizado”. Para la izquierda esta supuesta financiación ilegal de la campaña priista se realizó a través de la triangulación de recursos mediante empresas fantasma, con hombres de paja como principales accionistas, que inyectaban fondos a la entidad financiera Monex. Según el abogado Jaime Cárdenas, varias empresas relacionadas entre sí y un particular transfirieron más de 108 millones de pesos a Monex para adquirir miles de tarjetas prepago y de otras modalidades con el fin de comprar votos y pagar a los operadores políticos del PRI durante los tres meses de campaña electoral.

A esta acusación se ha sumado el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, quien en un gesto inusual ha celebrado una conferencia de prensa conjunta con su homólogo del PRD, Jesús Zambrano, para exigir a las autoridades que investiguen el supuesto lavado de dinero. Pero la actitud del PAN, el partido del actual Gobierno y el gran derrotado en las elecciones, en este caso es cuando menos contradictoria. El presidente Felipe Calderón habló primero de irregularidades y a comienzos de semana recibió en la residencia oficial de Los Pinos a Peña Nieto, de momento solo virtual presidente, para preparar la transición, y la propia secretaria general del partido, Cecilia Rodríguez, dio por seguro que el candidato del PRI tomaría posesión el próximo 1 de diciembre.

El PRI ha contraatacado denunciando ante la fiscalía al PRD y al PAN por difamación e informado de que efectivamente invirtió 66,3 millones de pesos en la compra de tarjetas Monex pero a través de una empresa que no es ninguna de las compañías citadas en la denuncia de la izquierda y que utilizó esas tarjetas para pagar exclusivamente a sus agentes electorales.

El caso Monex amenaza con envenenar el verano político mexicano al tiempo que crece el apoyo a López Obrador en las redes sociales. Pese a ello, no están claras las posibilidades de que prospere su recurso ante el tribunal electoral. Por una parte, y pese a recientes investigaciones periodísticas, no se ha establecido aún un vínculo sólido entre las tarjetas Monex y el PRI. Por otra, son muchos los que se preguntan por qué si la coalición de izquierdas conocía, como ha asegurado, esas irregularidades durante la campaña no las hizo públicas antes del día del voto y por qué la supuesta compra masiva de votos por el PRI solo afectaría a los comicios presidenciales y no a las elecciones al Congreso –donde el PRD aumentó en un 40% su representación respecto de 2006- ni a las celebradas en los Estados, en las que la izquierda arrasó en el DF y ganó en Morelos y Tabasco.

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