Florida podrá cuestionar el derecho a voto en las próximas elecciones

El Gobierno de Estados Unidos ha dado permiso a las autoridades electorales de Florida para que accedan a la lista de extranjeros que viven en el Estado. El gobernador de Florida, Rick Scott, perteneciente al Partido Republicano, había solicitado acceso a la base de datos con el objetivo de prevenir el fraude en las próximas elecciones presidenciales. Las autoridades podrán por lo tanto cuestionar el derecho a voto de quienes se sospeche que carecen de la nacionalidad estadounidense.

Los ciudadanos norteamericanos deben registrarse con el Partido Demócrata, el Partido Republicano o como votantes independientes antes de participar en cualquier convocatoria electoral. El día de los comicios, no están obligados a presentar un documento de identidad (inexistente en EE UU, a diferencia de otras naciones) por lo que a veces basta con presentar el permiso de conducir. Según diversas autoridades republicanas, esto ha contribuido a que inmigrantes indocumentados y residentes en EE UU sin derecho a voto hayan participado en anteriores elecciones, cometiendo un fraude.

Sin embargo, los principales detractores de la ley, diversos legisladores demócratas y grupos defensores de los derechos civiles, alegan que el verdadero motivo del Gobierno de Florida está lejos de querer prevenir el fraude y más cerca de limitar el derecho a voto de minorías, estudiantes y personas sin recursos -sectores que, tradicionalmente, apoyan al Partido Demócrata.

“Ya hemos confirmado que algunos ciudadanos extranjeros han votado en elecciones pasadas en Florida”, afirmó el gobernador Scott en un comunicado. “Ahora podremos contar con la base de datos más exacta de este país para proteger la integridad de nuestro proceso electoral”. El gobernador calificó la decisión del Departamento de Seguridad Nacional como “una importante victoria”.

En Tejas, una nueva ley exige a los votantes presentar una identificación como el carnet de conducir, el pasaporte o una licencia de armas

La pugna entre la Administración Obama, reticente a entregar esta información, y el Gobierno de Florida dura ya varios meses. El pasado mes de junio, el Gobierno impidió a las autoridades estatales que avanzaran en la purga del censo electoral, alegando que las listas empleadas eran erróneas y se podría impedir el acceso a las urnas de ciudadanos con derecho a voto. El gobernador Scott respondió con una demanda al Departamento de Seguridad Nacional, encargado de elaborar y mantener la lista de ciudadanos extranjeros que residen en el país. Cuando un juez federal dio la razón a Florida, el Gobierno envió una carta en la que se concede acceso a esa información, aunque bajo condiciones específicas.

Florida sólo podrá cuestionar el derecho a voto de una persona cuando aporte su ‘número de inmigrante’, por lo que no bastará con su nombre, apellidos y fecha de nacimiento -como pretendía el gobierno del Estado. El ‘número de inmigrante’ es un identificador que asigna el Gobierno norteamericano a aquellos extranjeros que disponen de un permiso de residencia en EE UU. La entrega de tal identificador ayudaría a detectar a quienes se han registrado para votar sin tener derecho a ello.

Diversos Estados, todos ellos liderados por el Partido Republicano, han asegurado que también solicitarán acceso a la lista, despertando significativas críticas sobre el intento de alejar a votantes de las urnas y el uso de bases de datos -además de la elaborada por el Gobierno- que podrían contener información errónea. Los detractores, además, advierten de que la cercanía de las elecciones impediría a los ciudadanos ejercer su derecho a voto si este es cuestionado por las autoridades de Florida.

Ya hemos confirmado que algunos ciudadanos extranjeros han votado en elecciones pasadas en Florida” Rick Scott, gobernador del Estado

La decisión del Gobierno coincide con la deliberación estos días en un juzgado federal sobre la ley electoral de Tejas, recién reformada. La nueva legislación exige a todos los votantes presentar una identificación, como el carnet de conducir, un pasaporte o una licencia de armas; una normativa que alejará de las urnas a miles de ciudadanos que no disponen de estos documentos ni de los medios para obtener su identificador como votante.

El Fiscal General, Eric Holder, ha equiparado esta ley con las medidas empleadas por diversos Estados durante la época de la segregación racial, a finales del siglo XIX. La Administración Obama denunció al gobierno de Tejas de manera inmediata, ya que los Estados que llevaron a cabo prácticas segregacionistas deben consultar con el Departamento de Justicia antes de hacer cualquier modificación a su política electoral.

Según un estudio del Centro Brennan de Justicia de la Universidad de Nueva York, hasta 11 Estados han aprobado diferentes leyes que intentan limitar el derecho a voto de hispanos, afroamericanos y personas sin recursos. Cuatro de ellos, además, son potencialmente decisivos para las próximas elecciones: Pensilvania, New Hampshire, Virginia y Wisconsin. “Los Estados que han limitado el voto aportarán 171 votos electorales en 2012, el 63% de los 270 votos necesarios para lograr la presidencia”, dice el estudio de Brennan. Las diferentes legislaciones podrían afectar a cinco millones de votantes en las próximas elecciones presidenciales de noviembre.