El Constitucional egipcio, un árbitro siempre entre dos aguas

Con su decisión de disolver las dos Cámaras legislativas a menos de 48 horas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el Tribunal Constitucional egipcio se ha situado en el centro de la polémica en el convulso panorama político del país árabe. Numerosos analistas y políticos no han dudado en describir su veredicto como un "golpe de Estado", poniendo en tela de juicio la presunta independencia de la corte encargada de interpretar la Constitución, y de ejercer de árbitro en las disputas entre los poderes públicos.

Durante el inicio del régimen de Mubarak, en la década de los ochenta del siglo pasado, el estamento judicial era una de las pocas instituciones estatales que gozaba del respeto de buena parte de la ciudadanía, pues era quizás la única que escapaba de la voracidad controladora del Ejecutivo. Aunque no sucedía a menudo, el rais y su Gobierno recibían algún inesperado bofetón a manos de un juez.

Por ejemplo, al disolver el Parlamento en los años 1987 y 1990, el propio Tribunal Constitucional dejó en evidencia los simulacros electorales organizados por el régimen para darse un barniz de legitimidad. Asimismo, fueron un par de jueces, Mahmud Mekki y Hisham Bastawisi, quienes lideraron Kifaya, el primer movimiento de oposición frontal al régimen, al denunciar públicamente en 2005 el pucherazo en las elecciones presidenciales de aquel año.

Sin embargo, poco a poco, Mubarak fue imponiendo la supremacía del poder Ejecutivo, modificando las normativas de elección de los cargos de la cúpula del poder judicial, y colocando a sus hombres de confianza. Fue así como Faruq Sultan, un magistrado que había desempeñado buena parte de su carrera en la justicia militar, fue designado en 2009 presidente del Tribunal Constitucional. Ahora bien, no todos los 18 miembros que forman la Corte Suprema fueron nombrados a dedo por el rais, sino que fueron elegidos por los órganos corporativos de la magistratura.

"Los veredictos sobre la disolución del Parlamento y el permiso a Shafik para competir en las elecciones se pueden defender perfectamente desde un punto de vista legal... Pero su inmediatez, su sincronización y velocidad han sido una gran sorpresa", afirma un analista

"Los veredictos se pueden defender perfectamente desde un punto de vista legal... Pero su inmediatez, su sincronización y velocidad han sido una gran sorpresa", sostiene Nathan Brown, catedrático de la Universidad George Washington y buen conocedor del sistema judicial egipcio. Según Brown, en los precedentes de los años 1987 y 1990, la corte necesitó tres años de deliberación antes de disolver el Parlamento al considerar inconstitucional la ley electoral. En esta ocasión, emitió su fallo en cuestión de pocos meses, lo que resulta sospechoso.

Si bien parece evidente que la Junta Militar hizo sentir su presión sobre los magistrados del Constitucional, estos podían tener sus propios motivos de tipo corporativista para disolver un Parlamento que les era hostil. De hecho, en las últimas semanas, y a raíz del veredicto contra Mubarak, hubo una agria confrontación entre diputados de tendencia islamista y algunos prominentes magistrados, como Ahmed al-Zend, presidente del colegio de jueces.

"Si hubiéramos sabido que las elecciones traerían al poder a este tipo de parlamentarios, no habríamos supervisado las elecciones", dijo un desafiante Al-Zend en una rueda de prensa, en la que amenazó con no acatar las leyes aprobadas por el Parlamento que pudieran poner en peligro la posición e independencia del poder judicial. El juez se refería a una propuesta de ley que otorgaba a una mayoría cualificada del Parlamento la potestad de interpretar la Carta Magna en aquellos casos en los que discrepara con algún veredicto del Tribunal Constitucional.

"El Constitucional se sintió amenazado por los recientes movimientos del Parlamento contra la corte, pero no sé hasta qué punto ese sentimiento influyó a los jueces", escribió Brown en un artículo para Foreign Policy, en el que recuerda que Sultan, el presidente del tribunal, rehusó su participación en la votación de los dos controvertidos veredictos al ser también presidente de la Junta Electoral. Sea como fuere, la percepción más extendida, tanto entre analistas como entre los egipcios de a pie, es que los dos fallos dictados el jueves —la disolución del Legislativo y la autorización a Ahmed Shafik, ex primer ministro de Mubarak, para concurrir a los comicios presidenciales—, que han situado el país en un embrollo legal y político de incierta salida, cuentan con el sello de la junta militar.

Habida cuenta de la contenciosa naturaleza de la transición egipcia, es muy probable que el poder judicial se enfrente de nuevo durante los próximos meses a la toma de decisiones de profundo calado político que podrían resultar en una grave erosión de la confianza ciudadana en este estamento. Algo parecido ha sucedido ya con el ejército. Y es que, en lugar de la construcción de un Estado democrático, la descarnada lucha por el poder en Egipto que ha hecho aflorar la revolución egipcia puede acabar devorando la popularidad de las pocas instituciones que no salieron manchadas de un periodo de tres décadas de una oscura autocracia.