La UE: un escudo contra los inconvenientes de la globalización y un puente hacia sus oportunidades

«Parece estar reservado al pueblo de este país (...) decidir la importante cuestión de si las sociedades humanas son verdaderamente capaces o no de instituir un buen gobierno a partir de la reflexión y la elección, o si están destinados a que su construcción política dependa siempre del azar y la fuerza. Si hubiera algo de verdad en la observación, la crisis a la que hemos llegado puede considerarse con justicia como la era en la que es preciso tomar esa decisión» (Alexander Hamilton, Federalist No. 1, Independent Journal, 27 de octubre de 1787).

Muchas discusiones sobre el papel de la Unión Europea en el proceso de globalización parecen incapaces de no caer en una de estas dos posiciones extremas: la primera cree que la UE es un caballo de Troya que introduce la globalización en el corazón de Europa; la segunda sugiere que la Unión Europea es y ha sido la mejor defensa del continente contra las consecuencias negativas de la globalización. La realidad está en un terreno intermedio.

Es imposible no mencionar en este contexto la doctrina de la mondialisation maîtrisée, o globalización controlada, que introdujo en la política de la UE Pascal Lamy en 1999. Suele pensarse que esta idea comprende el intento de asegurarse de que la globalización (interpretada como la liberalización de la circulación internacional de bienes, servicios, capital y mano de obra) vaya acompañada de unas normas formales que los grandes actores, incluidos los Gobiernos nacionales, deben respetar.

La creación de la OMC puede considerarse un éxito en el proceso de la globalización controlada

La aplicación de la doctrina comenzó por el comercio, ya que la globalización suele empezar por su liberalización, y la globalización controlada dominó la política comercial de la UE durante la mayor parte de la pasada década. Su objetivo era crear unas instituciones internacionales fuertes, con normas claras y con el poder de vigilarlas y hacerlas respetar.

Con ese fin, la UE ha tratado de ampliar el alcance de dichas normas, tanto con el intento de incorporar aspectos no comerciales a la OMC -por ejemplo, las relaciones del comercio con el medio ambiente y la cultura-  como aumentando el número de miembros de la Organización. La creación de la OMC, por tanto, puede considerarse un éxito en el proceso de la globalización controlada. Ha hecho posible que la globalización comercial esté más vigilada y sea más transparente.

Similares esfuerzos en el ámbito de las finanzas mundiales han obtenido resultados más ambiguos. Al principio, los europeos lograron codificar la norma de la movilidad de capitales dentro de la Unión Europea y la OCDE, pero el intento de hacer lo mismo en el FMI -hacer que dicha norma fuera vinculante para todo el mundo- fracasó. Los flujos de capitales se regían y se rigen por el modelo estadounidense de la globalización ad hoc, con arreglo a la justicia trasimaquea, la ventaja del más fuerte. En ese sentido, la moneda común europea podría interpretarse como un intento de inmunizar a Europa frente a las fluctuaciones de las divisas internacionales.

La globalización controlada en los momentos apropiados otorga legitimidad a la Unión Europea, porque hace que pueda parecer capaz de proteger a sus ciudadanos frente a las consecuencias negativas de la globalización. Sin embargo, la crisis financiera reciente parece haber socavado esa imagen.

¿Qué se puede hacer para recuperarla?

Una posible estrategia es tratar de resolver la crisis, sin más, e introducir medidas para evitar su repetición. El número de propuestas incorporadas al debate público en los dos últimos años es ya inmenso sin necesidad de que añada yo las mías. Ahora bien, casi todas -o todas- tienen el mismo defecto: un mayor refuerzo de la coordinación supranacional y unas normas más estrictas en el ámbito de la UE cuando, en muchos aspectos, el origen de la crisis está en la falta de confianza en las instituciones europeas, porque carecen de la legitimidad que sí poseen los Gobiernos electos de las naciones-estado.

Una forma de resolver el problema de la legitimidad en la UE es la elección directa de sus instituciones con poder ejecutivo

Para apoyar las propuestas que pretenden empujar la UE hacia la unión fiscal suele emplearse una analogía entre la actual situación de la UE y la crisis fiscal estadounidense de la década de 1780, cuando el país pasó a un sistema federal como forma de hacer frente a las deudas que tenían los estados por la guerra revolucionaria. Alexander Hamilton, John Jay y James Madison, en The Federalist Papers, convencieron a la opinión pública y los miembros de las legislaturas de los estados de que aprobaran el traspaso de algunos poderes fiscales al ámbito federal, pese a que eso exigía una constitución nueva. La nueva Carta estableció una unión fiscal antes incluso de que Estados Unidos fuera una unión monetaria completa.

Por el contrario, casi todas las propuestas actuales para una mayor integración europea se pueden ver -y muchas veces se ven- como un traspaso de las responsabilidades parlamentarias nacionales a la Comisión Europea nombrada por los Gobiernos y al Consejo Europeo intergubernamental. La única institución democráticamente elegida en la UE es el Parlamento Europeo (PE). Pero la participación en sus elecciones es bastante baja. Además, el poder del Parlamento en el proceso legislativo es limitado. El PE no puede poner en marcha legislación y comparte el poder con la Comisión y el Consejo a la hora de aprobar nuevas normas legales.

Está claro que la existencia del Parlamento Europeo en su forma actual no basta para compensar el déficit de democracia en el marco institucional de la Unión. Para remediarlo serían necesarios más vínculos entre los parlamentos nacionales y las instituciones europeas. Existen muchas ideas dignas de consideración sobre la forma de conseguirlo, como la sugerencia del filósofo Jurgen Habermas de que los miembros del Parlamento Europeo puedan también ocupar escaños en sus respectivos parlamentos nacionales.

No es posible imaginar una unión política legítima en Europa sin un enfoque menos tecnocrático

Una forma evidente de resolver el problema de la legitimidad en la UE es la elección directa de sus instituciones con poder ejecutivo. Eso daría a todos los ciudadanos la posibilidad de participar en la comunicación política e influir en los procesos de toma de decisiones. Para ello es necesario contar con una opinión pública europea, un demos europeo. Solo a partir de ese demos puede elaborarse una agenda paneuropea que defina los intereses capaces de unir a personas de distintos países.

Los políticos que se presentaran candidatos a los puestos "europeos" de Gobierno (presidente, ministros, comisarios, etcétera) tendrían que buscar el apoyo de los ciudadanos, entusiasmarlos y decirles exactamente lo que quieren hacer por ellos. ¿Suena a populismo? Esperemos que no en el peor sentido. Pero no es posible imaginar una unión política legítima en Europa sin un enfoque menos tecnocrático que el que tenemos hoy.

Los atributos principales de la integración europea, concebidos por estadistas e intelectuales, siempre han estado asociados a la racionalidad y la responsabilidad. Pero la política no es algo mecánico. Es un organismo con emociones y egoísmo.

Si queremos que Europa sea un escudo contra las consecuencias negativas de la globalización y un puente hacia sus oportunidades, necesita un Gobierno legítimo que gestione el proceso. En las sociedades democráticas, la visión de los estadistas solo va hasta donde lo permiten los ciudadanos.

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia