Guatemala saca el Ejército a la calle para reducir las cifras de criminalidad

El Gobierno de Guatemala anunció este lunes un plan para devolver la seguridad a la ciudadanía, en uno de los países más violentos de América Latina. Según informó el presidente, Otto Pérez Molina, la meta es recuperar el Estado de derecho, y prevenir y sancionar el delito. Añadió que el llamado Pacto por la paz, la seguridad y la justicia comprende la acción coordinada de los tres poderes del Estado.

En la tarea, el Ejecutivo garantizará el orden en las calles a través de patrullas de fuerzas combinadas del Ejército y la policía; el Legislativo ha anunciado reformas al código Procesal Penal, a poner en marcha una reforma judicial integral y a la creación de una policía técnica en la investigación criminal. La presidenta del Organismo Judicial, Telma Aldana, anunció reformas para fortalecer la Fiscalía.

Como primera medida, el Gobierno apuesta por reducir las graves desigualdades que sirven al crimen como caldo de cultivo. En una primera etapa, el plan comprende acciones como solventar las necesidades básicas de una población mayoritariamente privada de servicios básicos como agua potable, alimentos y electricidad, y a hacerlo escalonadamente: de la familia al barrio, de éste al municipio y a la provincia, hasta tener un país seguro.

Quedan en el tintero acciones consideradas “vitales” por analistas como Héctor Rosada, quien señala la necesidad de refundar la Policía Nacional Civil, crear un instituto para la atención y protección de víctimas de la violencia, establecer un sistema penitenciario eficiente (en la actualidad, las cárceles son auténticas universidades del crimen), garantizar un control efectivo de las amas (se estima que hay en manos de particulares unas 300.000 armas sin ningún control) y ejercer una supervisión minuciosa de las policías privadas de seguridad, un negocio que mueve alrededor de dos mil millones de euros al año.

Devolver la tranquilidad a los guatemaltecos es la promesa en torno a la cual giró la campaña electoral del actual mandatario, quien ofreció combatir al crimen con “mano dura”, mensaje que convenció a una población que en las últimas cinco décadas no ha conocido ni siquiera la paz necesaria para desplazarse a su trabajo.

La angustia de salir de casa con un alto riesgo de sufrir un atentado en la calle, no es una percepción gratuita. El secretario General de la ONU, Ban Ki Moon, señalaba el 16 de mayo ante la Asamblea General del Organismo mundial que “en Guatemala se registran diariamente alrededor de 20 homicidios, lo que da un promedio de 39 asesinados por cada 100 habitantes”. Esto convierte al país en el tercero con más muertes violentas del hemisferio, solo por detrás de El Salvador, con 72, y de Honduras, con 86.

“Es una crisis que conlleva temor e inestabilidad”, señaló Ban Ki Moon, antes de lanzar un pronóstico aterrador: “Uno de cada 50 centroamericanos menores de 20 años morirá antes de cumplir 32 debido a la violencia generada por el crimen organizado, especialmente por el narcotráfico”.

Las raíces del problema, identificadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desnudan la debilidad extrema del Estado: la exclusión social y la falta de aplicación de la ley.

En este país de renta media (2.200 euros per capita, según cifras del banco central), el crecimiento económico no es distribuido equitativamente. Guatemala es la nación más desigual de Latinoamérica. El 51% de la población vive en la pobreza y un 15.2% en extrema pobreza, circunstancia que genera graves tensiones sociales. A esto se suma una de las tasas de crecimiento de la población más altas del mundo, que incide en que el mercado laboral no esté en capacidad de absorber a los jóvenes que anualmente se incorporan a la Población Económicamente Activa. Tarea casi imposible cuando los niveles educativos están bajo mínimos, lo que les cierra las puertas a trabajos dignos y bien remunerados y los obliga a sobrevivir en la economía sumergida.

La justicia no anda mejor. En Guatemala, entre el 95% y el 98% de los crímenes quedan en la impunidad y aunque se registran algunos avances, son claramente insuficientes. Uno de los grandes progresos, promovidos desde la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, entonces bajo el mando del magistrado español Carlos Castresana) fue la implementación de las pruebas científicas, en sustitución de la testimonial, fácilmente manipulable mediante amenazas, sobornos o la eliminación física de los testigos.