México aprueba la primera ley para la atención de las víctimas

Las leyes mexicanas estaban tan poco preparadas para la emergencia humanitaria por la violencia en el país, que actualmente es más fácil tramitar la recuperación de un coche robado que denunciar la desaparición de una persona. Este doloroso atraso podría comenzar a corregirse a partir de este lunes, fecha en que la Cámara de Diputados ha aprobado por unanimidad, y entre gritos de “ni un muerto más” proferidos por los presentes en las tribunas del recinto legislativo, la Ley General de Víctimas.

“Una ley como esta no debería existir pues se da a partir de una enorme tragedia colectiva, y en términos de lo que padece México llega tarde, pero hay que subrayar que afortunadamente ahora por fin existe”, dijo a EL PAÍS Emilio Álvarez Icaza, portavoz del Movimiento para la Paz con Justicia y Dignidad, colectivo de víctimas surgido hace después del asesinado del hijo del poeta Javier Sicilia.

La nueva ley, que surge de varias iniciativas pero que sin duda es la que demandaba el Movimiento para la Paz con Justicia y Dignidad, contempla la creación de varias instancias y mecanismos para dar a las víctimas la posibilidad de pedir justicia al menor costo posible.

Una vez que sea promulgada por el presidente de la República, la ley creará el Sistema Nacional de Víctimas, que articulará los esfuerzos de todas las instancias de los tres niveles de gobierno involucradas en la atención de quienes hayan sido afectados de manera directa o indirecta por un acto delictivo o una violación de sus derechos humanos.

La nueva ley ha sido promovida por el Movimiento para la Paz con Justicia y Dignidad

Asimismo, la nueva ley creará la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas, además de un registro nacional y un fondo económico para procurar ayuda a las víctimas y sus familias en la tramitación de diversas diligencias así como en la reparación del daño.

Nada de esto existe hoy en un país en el que asciende a más de 50.000 el número de muertos en el marco de lo que se conoce como la 'guerra' lanzada por el presidente Felipe Calderón en contra del crimen organizado.

“Acompañamos plenamente esta ley, somos coautores de la misma. Es un ejemplo de que se puede pasar de la protesta a la propuesta y también demuestra que dialogar con las autoridades da frutos, pues este es el resultado más concreto de los diálogos de Chapultepec”, explicó Álvarez Icaza al recordar que hace casi diez meses una delegación de víctimas comprometió en ese recinto a legisladores y gobierno a aprobar esta ley.

Actualmente, las familias se enfrentan a un verdadero vía crucis cuando desaparece uno de sus miembros, una odisea que arranca con autoridades renuentes a investigar de inmediato las denuncias de desapariciones, bajo el argumento de que quizá simplemente el sujeto en cuestión no ha avisado de su paradero y que hay que esperar antes de investigar si fue secuestrado o retenido en contra de su voluntad. Esto prevalece incluso cuando quien desaparece es una mujer menor de edad.

Igualmente, hasta hoy la ley carece de mecanismos para garantizar la identificación de cadáveres que terminan en fosas comunes mientras cientos de familias no cuentan con los medios económicos para trasladarse a los sitios en donde han sido encontrados cuerpos, como Tamaulipas o Durango (en el norte del país). Cada viaje de esos supone traslados de cientos de kilómetros.

Por ello no es sorprendente que, cuando en mayo del año pasado el poeta Javier Sicilia comenzó a andar por el país con su grito de demanda de justicia, miles de personas que habían permanecido en el anonimato salieran al encuentro del activista y se sumaran a la exigencia, lo que obligó al presidente Calderón y a los legisladores a entrevistarse con víctimas de todos los rincones de México en el Castillo de Chapultepec.

De cualquier manera, la nueva Ley General de Víctimas todavía tiene que ser dotada de recursos económicos suficientes para instalar los mecanismos que contempla. “Lo que se dio fue un paso, ahora nos vamos a dedicar a acompañar la implementación de esta ley. Pero como dijo una señora que estaba en la Cámara de Diputados, ella expresó que ahora sabía que la muerte de su hermano no había sido en vano, sino que esta ley podría evitar el sufrimiento de nuevas víctimas”, expresó Álvarez Icaza.