El modelo chino crece en el Caribe

Las más de 300 medidas aprobadas por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) en abril del pasado año, abordadas en la Primera Conferencia Nacional del partido, el 28 de enero, carecen del calado de las reformas emprendidas por el comunismo chino y vietnamita en el arranque de sus procesos aperturistas, pero han permitido a 357.000 personas emprender negocios en 188 oficios y actividades, concentradas fundamentalmente en el sector de servicios y la agricultura. Hasta ahora, los emprendedores han contratado cerca de 40.000 ayudantes. El objetivo de las reformas es corregir los ruinosos fracasos de la economía centralizada y reducir los subsidios y la asfixiante carga financiera derivada de una plantilla de más de cinco millones de trabajadores estatales, buena parte innecesarios e improductivos.

La compraventa de casas y automóviles, la concesión de créditos en moneda nacional a particulares, a través de 500 sucursales bancarias, las nuevas concesiones a más de 200.000 agricultores privados y la interlocución comercial entre empresas del Estado y emprendedores son otras liberalizaciones aprobadas por Raúl Castro. La nueva tolerancia económica, desde el inmovilismo político, obliga a los autónomos a la apertura de cuentas bancarias donde domiciliar el pago de impuestos y contribuciones y desde las que efectuar las transacciones derivadas de sus actividades y compraventa de vehículos, viviendas y cosechas.

El Estado, que se lleva el 4% de cada compraventa de casas y una carga tributaria sobre los autónomos que puede llegar a superar el 50% de los beneficios, aprobará las operaciones después de comprobar que los fondos depositados en las cuentas son de procedencia legal. La inspección pretende también limitar en lo posible la masiva circulación de dinero negro y la súbita aparición de autónomos clandestinos y nuevos ricos, cuya riqueza sea susceptible de afrentar y soliviantar a los cuadros comunistas más detenidos en el dogma, en la lucha de clases y en la retórica invocación a la igualdad y al precepto constitucional que prohíbe la “explotación del trabajo de los demás”; los inspectores buscan asimismo quebrar el mercado clandestino de coches, y bienes estatales, controlado por mafias con acceso a las ventanillas de los diferentes ministerios, capaces de apañar titularidades y escrituras sorteando el pago de impuestos y la maraña de prohibiciones.

La disidencia cubana es consciente de que la liberalización económica en curso descarta la liberalización política, pero no será fácil, sin embargo, que puedan acotarse las incipientes transformaciones en curso al aspecto puramente económico y es previsible que conforme vayan consolidándose, esas transformaciones acaben exigiendo más libertad de expresión, más espacio para la organización laboral y política. Las trabas migratorias van relajándose poco a poco.

Richard Feinberg, autor de un reciente informe sobre la economía cubana en el Instituto Brookings, de Washington, sostiene que la comunidad internacionaldebe implicarse en la apertura ensayada por el comunismo caribeño porque constituye una herramienta “una oportunidad de oro” para vencer la resistencia de los cuadros del partido más inmovilistas y avanzar hacia la democracia de partidos.

Ajenos al activismo antigubernamental porque las prioridades son otras, entre ellas la manutención, el transporte, el alojamiento y la carestía de los artículos más demandados, cientos de emprendedores acuden a las notarías oficiales y sucursales bancarias. Lo hacen para interesarse por las novedades legales y los impuestos a pagar al Gobierno, que debieron ser reducidos porque los elevados tipos de los primeros días desanimaron a miles de solicitantes. No pocos renunciaron a las licencias. “No compensa”, fue la queja mayoritaria.

La reducción impositiva ha tenido un efecto incentivador pues el número de autónomos creció de los 150.000 en 2009 a los más de 350.000 de finales del año pasado: más del doble, según cifras oficiales. El ministro de Economía, Adel Yzquierdo, calcula que a lo largo de este año desaparecerán 170.000 puestos de trabajo estatales y se llegará a los 240.000 nuevos empleos privados. El objetivo es que el 40% de la población activa en la isla pueda sumarse a esa categoría en el plazo de tres o cuatro años.

La organización estadounidense Freedom House, satanizada por La Habana, sintoniza con las tesis de Richard Feinberg al subrayar que “el crecimiento del sector privado disparará la iniciativa y la autonomía personales y también las aspiraciones a mayores cotas de libertad”. Fuentes diplomáticas subrayan que “como Estados Unidos no va a invadir la isla, ni se observan revueltas callejeras como en el mundo árabe, habrá que confiar en los efectos democratizadores de la apertura económica”.