TIPNIS, el dolor de cabeza de Morales

La Asamblea Legislativa sancionó ayer una ley que somete a consulta la anulación de la protección del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y se espera, en medio de mucha tensión, que el presidente Evo Morales la promulgue y ponga en vigencia.

La ley aprobada ayer dispone que una consulta a las comunidades indígenas del TIPNIS dirima las discrepancias existentes entre los originarios y los colonos emigrantes de las tierras altas sobre la eliminación del término de “intangibilidad” y la prohibición de construir una carretera por el corazón del TIPNIS, un parque nacional de gran riqueza forestal, flora y fauna.

La cámara de Diputados sancionó la ley pese a que asambleístas indígenas —en su mayoría del partido oficialista— ocuparon la tribuna para impedir que se llevara adelante la sesión. La presidenta de la Asamblea, Rebeca Delgado, dirigió la sesión a un costado de la mesa y consiguió que el proyecto fuera sancionado por la mayoría oficialista.

Una líder indígena acusa al Gobierno de provocar

Fuera, en la plaza de Armas, los indígenas y activistas defensores del medio ambiente no habían terminado de instalar su vigilia, cuando la policía determinó su desalojo mientras se oían gritos a favor de la ley de protección del TIPNIS. A lo largo del viernes, cinco influyentes instituciones, las fundaciones Unir Bolivia, Tierra, Jubileo, Asamblea de Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo pidieron públicamente a Morales que no promulgue la ley, “ante la posible nueva escalada del conflicto en torno al TIPNIS”. El presidente, tras la sanción de la ley dijo: “Hemos oído que rechazan la consulta, pero quiero decir que los que rechazan la consulta, rechazan la Constitucion y todos los convenios internacionales”.

En el documento público expresan su preocupación por la “relación asimétrica de poder entre los actores, en la medida en que el Gobierno central —que debería asumir responsabilidades y funciones determinadas por la actual legislación— se constituye en parte activa del polo que propugna la construcción de la carretera por el corazón del TIPNIS”. La ley 180 de octubre pasado fue promulgada por el presidente Evo Morales como corolario de una dramática marcha indígena de 64 días, que llegó a La Paz para rechazar la carretera y pedir el respeto a la Constitución y a sus derechos como pueblos originarios.

Según los medios, existen intereses petroleros en esta región

En enero de 2012 llegó a La Paz otro grupo numeroso afiliado al Consejo Indígena del Sur (Conisur) para plantear al Gobierno que construyera la carretera a través del TIPNIS y que promoviera una consulta “previa” para constatar cuál era la verdadera posición de las comunidades del TIPNIS.

La marcha del Conisur, por la carretera asfaltada de Chapare a La Paz, se organizó a instancias de las autoridades de Cochabamba que fueron públicamente criticadas por el presidente Morales debido a su pasividad ante la octava marcha de los indígenas agrupados en la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB).

El exaliado y ahora principal adversario de Morales, Juan del Granado, jefe del Movimiento Sin Miedo, pidió que no se aprobara la ley de consulta o de lo contrario “la consecuencia es restablecer un ambiente de confrontación entre indígenas y cocaleros”. Ha advertido también de que Bolivia se encamina a un "largo y doloroso proceso de confrontación entre los bolivianos".

La reacción ante la nueva ley ha sido de rechazo categórico de todas las organizaciones indígenas de las tierras bajas. El diputado indígena del partido gubernamental, y ahora disidente, Pedro Nuni ha anunciado que la CIDOB va a presentar ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos y otros foros una denuncia de falsedad contra el Gobierno de Morales. “Se ha comprometido a defender el TIPNIS y ahora se desdice cobardemente” con la aprobación de esta nueva disposición, dijo Nuni.

La CIDOB, que agrupa a 34 pueblos indígenas, ha convocado a otras organizaciones laborales como la Central Obrera y la de magisterio, entre otros, con el fin de lograr su apoyo y participación en la novena marcha en defensa del TIPNIS.

La nueva ley “borra con el codo lo que se escribió con la mano”, afirman las mujeres indígenas de las tierras bajas, que se han reunido ya en Santa Cruz para organizar la novena marcha pacífica hacia La Paz. La vicepresidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia, Judith Rivero, ha lamentado la apresurada aprobación de una ley de consulta solo para el TIPNIS. “¿El Gobierno quiere que nos matemos entre indígenas?”, se ha preguntado en tono desesperado.

El líder del Conisur, el colono Gumercindo Pradel, ha denunciado a los líderes de la CIDOB por haber engañado a las comunidades del TIPNIS con la aprobación de la ley 180 que, supuestamente, les impide cualquier actividad productiva debido a la vigencia de la “intangibilidad”.

La ley que quiere aplicar el Gobierno no puede abarcar, sin embargo, a los indígenas del Conisur que están fuera del TIPNIS. Y son la base del éxito de la consulta. Esta debería aplicarse en 120 días y tendría carácter vinculante, aun cuando —advirtió la senadora Gabriela Montano— no se cuantificarían los votos a favor o en contra, sino que se tomaría en cuenta las formas de acuerdo de las comunidades. “Existen 65 comunidades indígenas que están afiliadas a la subcentral del TIPNIS que son las propietarias de la Tierra Comunitaria de Origen”, ha aclarado el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria, Juan Félix Tapia. Esta tierra es una propiedad colectiva y los indígenas viven de la recolección de frutos, de caza y pesca; las comunidades del Conisur, en cambio, tienen parcelas que son de patrimonio individual donde cultivan coca, arroz, cítricos y otros.

Los medios de comunicación han informado de que el Gobierno no solamente aspira a concretar la construcción de la carretera por el corazón del TIPNIS, y así cumplir promesas electorales de más tierras a los cocaleros, sino que pretende además cumplir sus compromisos con una constructora brasileña que está trabajando en los tramos de los extremos (el comienzo y el final) de la vía caminera. Pero, también, existen intereses petroleros.