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"Tenemos que volver a patrullar"

Los 11 días de huelga han causado pérdidas al comercio del brasileño Estado de Bahía del orden de 300 millones de reales (131 millones de euros)

Militares que reemplazan a policías en Salvador de Bahía (Brasil). Ampliar foto
Militares que reemplazan a policías en Salvador de Bahía (Brasil). AFP

Seis agentes de la Policía Militar (PM) vigilan los accesos de la favela Calabar (20.000 habitantes), en la ciudad de Salvador de Bahía. Aparentemente distendidos, leen un panfleto que distribuye un joven entre los transeúntes. El texto critica la huelga de la Policía Militar en el Estado brasileño de Bahía, que comenzó hace 11 días. ¿Ustedes no apoyan el paro? “No podemos hacer declaraciones”, responde el teniente que encabeza la patrulla, que indica el camino hacia la comisaría en el interior de Calabar. María Oliveira, capitán de la PM, dirige los 120 agentes (36 mujeres) que integran la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) instalada en esta favela desde hace nueves meses.

La UPP es un nuevo modelo policial iniciado en 2008 en Río de Janeiro, con el objetivo de desarticular las bandas que controlan las favelas como estados paralelos. “Nuestra filosofía es estar cerca de la comunidad. El balance desde abril a diciembre de 2011 es muy positivo: ni un solo asesinato ni ningún delito grave”, explica con satisfacción la capitán Oliveira. Hace un año, era uno de los núcleos más violentos de Salvador.

La huelga de la Policía Militar bahiana ha abierto un debate entre los agentes destacados en Calabar, en su mayoría con apenas dos años de servicio. “Muchos de los policías no entienden el conflicto, por falta de experiencia. Aquí no ha habido abandono del servicio, pero hemos reducido nuestra presencia en la calle, con menos patrullas”, dice Oliveira. “Sí me han expresado claramente su insatisfacción con las condiciones salariales”. El paro policial favoreció el regreso de algunos delincuentes, y un ataque sorpresa que causó una muerte la semana pasada. “Antes que el salario, ustedes tienen un compromiso mayor con la comunidad, les digo a mis hombres”. La responsable de la UPP reconoce que el conflicto actual es un momento crítico. “Tenemos que volver a patrullar la calle, subir las escaleras y proteger a los vecinos, porque confían en nosotros”.

La creación de cinco unidades de Policía Pacificadora que operan en Salvador forma parte del esfuerzo del Gobierno de este Estado por contrarrestar la mala imagen de la Policía, asociada en muchos casos a la violencia y la corrupción.

La huelga de la PM, los actos vandálicos instigados por algunos huelguistas y el aumento de la criminalidad (152 muertos en 11 días) ha aumentado la impopularidad de los policías militares, cada día más divididos sobre la conveniencia de mantener el paro. “Pedir mejores condiciones de trabajo es totalmente legítimo, pero nos asusta y decepciona la forma”, dice Ana Cristina Calfa, directora del colegio Modulo que, como todos los centros escolares de Bahía, no ha podido iniciar las clases después de vacaciones por culpa de la huelga policial. “El bloqueo del tráfico, el boicoteo del transporte, los ataques a comercios, son actos vandálicos que la sociedad no puede aceptar”.

Los 11 días de huelga han causado pérdidas al comercio bahiano del orden de 300 millones de reales (131 millones de euros), según el sindicato de establecimientos comerciales de Bahía, que agrupa a 45.000 tiendas.

Los huelguistas seguían anoche reunidos en asamblea, en la que sus reivindicaciones quedaron reducidas a un aumento salarial. Ya nadie habla de la libertad de los cabecillas detenidos ni de las sanciones que esperan a los implicados en actos de vandalismo. La noche anterior, los oficiales de la PM se distanciaron de la huelga, mientras en 14 municipios de Bahía los agentes han vuelto al trabajo. La seguridad de la capital del Estado sigue de momento en manos de los 4.600 efectivos del Ejército, cuya presencia es ostensible en las principales arterias de la ciudad. El comandante general de la Policía Militar, coronel Alfredo Castro, dio un ultimátum a los huelguistas para su reincorporación inmediata al servicio y amenazó con graves sanciones a quienes no depongan su actitud. El jefe policial dio por terminada la huelga, al afirmar que el 85% de los policías han vuelto al trabajo en todo el Estado.