Cesan las protestas indígenas en Panamá tras pactar con el Gobierno

Después de ocho días de tensiones, con un balance de dos muertos, decenas de heridos y presos y cuantiosas pérdidas, el conflicto entre los miembros de la etnia ngäbe-buglé y el Gobierno de Panamá finalizó al anochecer de ayer (hora local) con pequeñas concesiones de ambos bandos y la promesa gubernamental de iniciar negociaciones sobre el futuro de la explotación minera e hidroeléctrica en comarcas indígenas de la zona occidental panameña, rica en oro y cobre.

Precedidos por dos días de violentos disturbios y marchas callejeras en solidaridad con la etnia en varias localidades de Panamá, delegados de los indígenas y del Gobierno firmaron ayer el Acuerdo San Lorenzo 1, denominado así por la zona occidental en la que durante más de seis horas se desarrolló ese día el diálogo con mediación de la Iglesia Católica.

“Voy a firmar porque queremos la paz y la tranquilidad para el pueblo”, aclaró la dirigente general de la Comarca Ngäbe-Buglé, Silvia Carrera, tras insistir en que “mi pueblo va a quedar tranquilo” cuando en el Código Minero se incluya un artículo que prohíba las operaciones mineras e hidroeléctricas en los territorios indígenas.

“De momento, no hemos conseguido nada. Los ngäbes ya no confían en la autoridad”, afirmó Carrera, momentos antes de rubricar el documento, negociado con la mediación del obispo de la diócesis de David, José Lacunza.

El arreglo fue suscrito, entre otros, por Carrera y la cúpula de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del Pueblo Ngäbe-Buglé y Campesino, así como por Jorge Fábrega, ministro panameño de Gobierno, y una serie de autoridades provinciales, estatales y legislativas, con la presencia de los seis caciques regionales y locales, además de Lacunza, como garantes.

El ministro de la Presidencia de Panamá, Jimmy Papadimitriu, que participó en las negociaciones sin ser firmante del acuerdo, insistió en que el Gobierno está “dispuesto a dialogar”. Sin embargo, advirtió de que, aunque el presidente panameño Ricardo Martinelli se comprometió en febrero de 2011 a mantener la minería fuera de las comarcas indígenas, en el caso de las hidroeléctricas la situación es distinta.

Papadimitriu explicó que el acuerdo de hace un año “no incluía el tema de las hidroeléctricas” y que en esta ocasión “nos comprometemos a buscar la forma de cuidar los recursos hídricos siempre y cuando no afecte la seguridad energética del país”. El Gobierno advirtió que rechazar a las hidroeléctricas pondría en riesgo a Panamá,

La Administración de Martinelli solo aceptó que se inicie un proceso negociador para evaluar la principal reclamación de la etnia, que exige que sus aldeas queden fuera de la explotación minera e hidroeléctrica para proteger su riqueza natural. Los indígenas se comprometieron a suspender las protestas.

El diálogo se realizará con mediación de la Iglesia Católica, con la Iglesia Evangélica, la relatoría de Naciones Unidas en la capital panameña y la rectoría de la Universidad de Panamá, la principal del país, como observadores. Estaba previsto que las conversaciones comenzaran esta tarde en una comisión de la Asamblea Nacional.

Carrera informó de que el objetivo de los ngäbes es que la Asamblea incluya en el Código Minero un artículo que expresamente prohíba la explotación hidroeléctrica en las comarcas indígenas. “Nuestro pueblo seguirá la lucha mientras que no se dé la firma del presidente Martinelli con la sanción de la ley” de minería, puntualizó.

Tras ser acusado de excesos en la intervención policial ejecutada desde el domingo para desalojar a los indígenas que el lunes de la semana pasada bloquearon la vía Panamericana en las provincias de Veraguas y Chiriquí, el Gobierno panameño accedió a retirar las unidades antimotines de la zona, cesar el vuelo de helicópteros y liberar, sin cargos, a más de 140 detenidos en las protestas. Además, otorgó una indemnización a la familia de una de las víctimas mortales de los enfrentamientos.

El acuerdo se logró en medio de un escenario de tensión nacional, después de casi una semana de bloqueos viales que perjudicaron los suministros de alimentos, combustibles y otros productos en variadas regiones y tras dos días de fuertes enfrentamientos entre indígenas y policías antimotines en distintas áreas del occidente del país.

Ayer por la mañana, contingentes policiales cercaron para protegerlos cuatro supermercados en la capital de la cadena Súper 99, propiedad de Martinelli, porque se temía el estallido de disturbios violentos en una marcha de solidaridad con los indígenas, que finalmente transcurrió sin incidentes.

El excanciller panameño Samuel Lewis Navarro, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), criticó “las acciones de barbarie contra la población indígena” y el diputado Yassir Purcait, también del PRD, denunció estrechos nexos de Martinelli con el negocio de la explotación hídrica en las comarcas indígenas.

Movimientos populares de obreros, indígenas, campesinos y estudiantes mantenían ayer una vigilia en la capital en torno a las conversaciones, claves en un país con reservas probadas de cobre y oro, que son explotadas en 12 proyectos en la estratégica región occidental.