La ONU acusa a Siria de atacar a los civiles como “política de Estado”

El razonamiento de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la sudafricana Navi Pillay, es el siguiente: el Consejo de Seguridad aprobó una resolución (1674) en 2006 por la que los países miembros se comprometen a proteger a sus civiles de crímenes contra la humanidad. Y si los Estados no son capaces de hacerlo, es la comunidad internacional la que debe asumir esa “responsabilidad”. Pillay, a partir de las conclusiones de una investigación independiente, cree que Siria entra en este último caso. No solo eso sino que además, la alta comisionada sitúa a las autoridades de Damasco detrás del diseño de una “política de Estado” que empezó en marzo de 2011 con el objeto de perpetrar abusos contra la población civil.

El máximo órgano de control de los derechos humanos que tiene la ONU sube el tono en su último pronunciamiento y apunta hacia la Corte Penal de la Haya para que juzgue las atrocidades en Siria, una violencia cuyo único altavoz ha sido hasta ahora el grupo de activistas que informa desde el terreno. “Miles de manifestantes y civiles”, afirma Pillay, “han sido asesinados, heridos, detenidos, torturados o han desaparecido de forma forzosa” en los últimos 11 meses. “Todas las evidencias”, continúa la alta comisionada, “indican que el Ejército sirio y las fuerzas de seguridad están involucradas en la consecución de la mayoría de estos crímenes”. Pillay, que mantiene la cifra de muertos en la revuelta por encima de los 6.000, afirma que la naturaleza de tales abusos podrían entrar en la categoría de “crímenes contra la humanidad” y, por tanto, ser perseguidos por La Haya.

La alta comisionada no escatima en cargar contra el veto ruso-chino en el Consejo de Seguridad y asegura que este bloqueo “estimula la disposición del Gobierno sirio para masacrar a su propio pueblo en un esfuerzo por aplastar a la disidencia”. Y ejemplo de ello, prosigue una nota enviada por el Alto Comisionado, es el ataque con tanques, helicópteros y morteros contra el barrio de Bab Amro y los hospitales improvisados levantados para atender a las víctimas. Pillay alerta, en este sentido, contra el deterioro de la situación humanitaria, especialmente en la ciudad de Homs.

Más al suroeste, ya en territorio libanés, en Wadi Khaled, Médicos sin Fronteras (MSF) ha denunciado precisamente la persecución a la que son sometidos los heridos y el personal médico. “En Siria no puedes ir al hospital”, dice uno de los desplazados interrogado por la ONG, a la que Damasco ha impedido cruzar la frontera. “Si vas, te amputan un miembro o te llevan a prisión incluso si estás herido”, relata este sirio, colaborador de la cadena Al Yazira, que pudo salvar la vida tras ser disparado por un francotirador gracias a que dio con la vivienda de una mujer que estaba dando a luz.

Marie-Pierre Allié, presidenta de MSF, alertó ayer de que el temor al régimen persuade incluso a los médicos clandestinos a solicitar sangre al banco central controlado por el Ministerio de Defensa. Allié instó a que el Gobierno de El Asad mantenga los centros sanitarios fuera del alcance de la represión. “Fui testigo con mis propios ojos”, dice otro de los testigos de MSF, “de cómo un oficial del Ejército pisoteaba a un herido en mi hospital hasta causarle la muerte”.

Béatrice Mégevand-Roggo, jefa en Oriente Próximo de Cruz Roja Internacional, organización muy cauta en sus declaraciones, ha admitido también que su “principal preocupación” tras visitar Homs es el respeto del régimen a la asistencia médica y al personal que trata de proveerla. La organización, bandera de la neutralidad en tierra de conficto, ha denunciado el asesinato el 25 de enero del médico Abd al Razzaq Jbeiro, responsable de la Media Luna Siria.