Egipto procesa a 19 estadounidenses de varias ONG

Las autoridades egipcias lanzaron un desafío a la Casa Blanca al procesar a 19 ciudadanos estadounidenses por haber violado las leyes del país relativas a la financiación de ONG por parte de gobiernos extranjeros. La noticia, publicada el domingo en varios medios egipcios, hace presagiar fuertes turbulencias en las relaciones entre ambos países, pues el gobierno de EE UU había advertido de graves consecuencias si se incriminaba a sus ciudadanos en este caso.

Las acusaciones contra los 19 estadounidenses llega poco más de un mes después de que varias ONG estadounidenses fueran registradas, y la fiscalía incautara documentos y ordenadores. Entre las entidades bajo sospecha, figuran el National Democratic Institute y el International Republican Institute, fundaciones vinculadas a los dos grandes partidos estadounidenses, el republicano y el demócrata, y que se dedican a promover la democracia a nivel internacional.

Tras los registros, se prohibió al menos a siete ciudadanos estadounidenses salir de Egipto, entre ellos a Sam Lahood, el hijo del secretario de Transportes de EE UU, Ray Lahood. El Departamento de Estado informó que varios trabajadores de las organizaciones investigadas decidieron alojarse en las dependencias de la embajada estadounidense en El Cairo durante los últimos días.

Según un comunicado de la fiscalía, sólo 6 de los 19 procesados permanece en Egipto. Sam Lahood es uno de ellos. Además de ciudadanos de EE UU, en el proceso están implicadas otras 25 personas de nacionalidades alemana, noruega, serbia, palestina, jordana y egipcia.

De acuerdo con la legislación vigente, todas las ONG que operan en Egipto deben contar con una autorización oficial para poder recibir financiación extranjera. Según los responsables de algunas de las entidades investigadas, éstas realizaron las peticiones adecuadas que establece la normativa, pero no recibieron ninguna respuesta de las autoridades egipcias.

Desde el inicio del conflicto, Washington ha reiterado en diversas ocasiones, tanto a través de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, como del secretario de Defensa, Leon Panetta, que la persecución judicial de las ONG y sus trabajadores podría provocar una congelación de los fondos de ayuda a Egipto. Está previsto que en el presente año, el país árabe reciba cerca de 1.100 millones de euros, la mayoría en el ámbito militar.

Por su parte, el Gobierno egipcio asegura que la investigación no tiene una motivación política, y que no puede inmiscuirse en las pesquisas de la fiscalía. Esta fue la posición que expuso una delegación egipcia que visitó la semana pasada Washington para entrevistarse con responsables del Departamento de Estado, así como también varios congresistas.

Nathan Brown, profesor de la Universidad George Washington especializado en Egipto, sí considera que el caso se debe analizar bajo un “prisma político”, a pesar de que reconoce que pueden haberse producido violaciones de la legislación.

“El miedo a una intervención internacional en los asuntos domésticos de Egipto es muy profunda. La Junta Militar y algunos ministros realmente se comportan como si percibieron esto como una amenaza real”, sostiene Brown. Tanto el Gobierno como los medios de comunicación públicos han acusado a menudo a las ONG y movimientos de jóvenes revolucionarios de defender los intereses de potencias extranjeras.

Durante la época de Mubarak, las ONG dedicadas a la promoción de la democracia y el respeto a los Derechos Humanos padecían un acoso constante del régimen. Muchos activistas creyeron que después de la Revolución podrían operar sin tantas restricciones, pero no ha sido así.

“La situación no ha cambiado demasiado, como demuestran las acusaciones de financiación extranjera”, explica Hossam Bahgat, director ejecutivo de EIFR, una entidad que opera en el ámbito de los Derechos Humanos. “Todo esto es bastante absurdo, ya que todas las ONG en países en desarrollo necesitan fondos para operar. Además, no hay que olvidar que el primer receptor de fondos es el propio Estado”.