El Supremo británico estudia el recurso de Assange contra su extradición

El Tribunal Supremo de Reino Unido ha comenzado esta mañana la vista del último recurso de Julian Assange ante la justicia británica para evitar su extradición a Suecia, donde las autoridades le reclaman para responder por las acusaciones de violación y abusos presentadas contra él por dos mujeres en agosto de 2010. Un Tribunal de Magistrados británico falló en febrero de 2011 que Assange debía efectivamente ser extraditado a Suecia. La vista se puede seguir aquí en directo.

El Tribunal Superior de Justicia rechazó en noviembre pasado el recurso del fundador de WikiLeaks pero, ante la sorpresa de muchos expertos, le permitió llevar su caso ante el Tribunal Supremo para dilucidar un aspecto concreto del argumento de sus abogados: que la petición de extradición tiene que ser denegada porque de acuerdo con la ley británica esa petición ha de ser presentada por un juez y no por un fiscal como es el caso en Suecia y en este proceso.

El Supremo no solo ha aceptado decidir sobre ese punto sino que ha establecido que en esta ocasión sean siete jueces, y no cinco como es habitual, los que decidan sobre el recurso dado el interés público del caso.

Los expertos parecen coincidir en que Assange tiene muy pocas posibilidades de ganar el recurso porque es un aspecto sobre el que los jueces ya se han pronunciado en el pasado en el sentido de dar el beneficio de la duda a los sistemas judiciales europeos. En el continente es habitual que los sospechosos no sean acusados formalmente hasta el final de la instrucción del caso, mientras que en el sistema judicial británico la acusación es casi inmediata. Esa diferencia es la que permite que en el sistema sueco sea un fiscal, y no el juez, el que pide la extradición. Los defensores de Assange argumentan que eso debería invalidar la extradición porque quien la pide es quien está presentando las acusaciones contra su defendido.

La mayoría de especialistas opina que si el Supremo da la razón a los defensores de Assange harían casi imposible la aplicación de la orden de arresto europea en territorio británico y supondría cuestionar la imparcialidad de los sistemas judiciales continentales por una cuestión de procedimiento.