Un tribunal colombiano estudia llevar ante La Haya al expresidente Betancur

Colombia vive una profunda controversia por una de sus más profundas heridas: el asalto al Palacio de Justicia, tomado por la guerrilla del M-19 en 1985. El Tribunal Superior de Bogotá pidió el lunes a la Corte Penal Internacional (CPI, con sede en La Haya) que evalúe la posibilidad de investigar la actuación del expresidente Belisario Betancur, quien gobernaba el país cuando ocurrieron los hechos.

La decisión produjo una fuerte reacción de todos los estamentos políticos. El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, a través de su ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, mostró ayer “la profunda preocupación de Estado” por las “graves implicaciones” de una solicitud de semejante envergadura. Para el Ejecutivo no solo está claro que la CPI solo puede investigar hechos que ocurrieron con posterioridad a la suscripción del Tratado de Roma —que empezó a regir en Colombia en 2002—, sino que el proceso ya ha sido tramitado en las instancias judiciales nacionales.

Prueba de ello es el propio fallo del tribunal de Bogotá —en el que hace la solicitud a la CPI— y que ratifica la condena de 30 años de prisión contra el coronel del Ejército Alfonso Plazas Vega, el oficial que comandó la recuperación del edificio, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, corazón de la vida pública nacional.

La sentencia, además, ordena al Ejército Nacional a realizar un acto público, en la misma plaza, en el que pida perdón por los “delitos ejecutados los días 6 y 7 de noviembre de ese 1985”.

Al agresivo tono de la discusión ha contribuido sin duda el paradójico destino de los protagonistas de ese episodio. En uno de los costados de la Plaza de Bolívar está el nuevo edificio del Palacio de Justicia, pues el antiguo quedó reducido a cenizas después de 28 horas de combate, y en el otro está el Palacio Liévano, donde hoy gobierna el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, desmovilizado de la guerrilla del M-19.

En las líneas abiertas de las emisoras de radio y en los foros de Internet, muchos ciudadanos no entienden cómo es posible que los autores de la violenta toma hoy gobiernen la capital de la República, mientras quienes en ese momento tenían las armas del Estado están en la cárcel y, por si fuera poco, el expresidente de entonces es amenazado con ser llevado ante una corte internacional.

La razón principal es que el M-19 se sometió a un proceso de paz, recibió una amnistía y en múltiples ocasiones ha pedido perdón por sus actos. En cambio, el estamento militar rechaza la posibilidad de expresar disculpas pues, según su versión, obraron en defensa de la democracia. Para ellos someterse a un indulto es un despropósito.

“La polémica se da por un falso dilema. Aunque en el ámbito mediático es una comparación atractiva, en la realidad nada puede hacerse contra la cúpula del M-19, pues todos ya están muertos y los demás integrantes de ese grupo armado legalmente recibieron una amnistía”, explica el exprocurador y exfiscal Alfonso Gómez Méndez. Para este jurista es trascendental precisar que a los militares no se les hace responsables por la decisión de recuperar el Palacio, sino por “los excesos de fuerza y las desapariciones forzadas” de civiles inocentes o de guerrilleros.

La toma del Palacio de Justicia fue un asalto perpetrado al mediodía del miércoles 6 de noviembre de 1985 por un comando de guerrilleros del M-19, que una demencial acción pretendía hacer un juicio público por el fracaso de paz contra el presidente Betancur, quien tenía su sede de Gobierno a solo una cuadra de allí, en la Casa de Nariño. Sin embargo, la reacción de las autoridades militares fue contundente. En menos de una hora rodearon el palacio con poderosos tanques de guerra y sin ninguna posibilidad de tregua procedieron a disparar sus morteros.

El M-19, que mantenía como rehenes a una 350 personas, entre magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia, pidió un alto el fuego a través de la radio, pero la solicitud no fue atendida. El eco del cruce de los disparos fue oído por todo el país con asombro. Por la noche se propagó un incendio en el interior del edificio, dándole un toque aún más dantesco a semejante batalla.

Al día siguiente, el saldo de víctimas era estremecedor: 95 muertos, entre ellos 11 magistrados de una de las generaciones más brillantes de la justicia colombiana. El Ejército reportó que la totalidad del comando guerrillero que tomó el edificio murió en el combate.

Sin embargo, se estableció que 11 personas que estaban dentro del Palacio permanecen desaparecidas. Jamás se encontraron sus cadáveres. La justicia investigó y decidió que al menos dos de ellas fueron sacadas vivas de allí, entre ellas la guerrillera Irma Franco, y que por orden del coronel Plazas Vega fue torturada y desaparecida. El tribunal confirma este hecho en su decisión de este lunes, ratifica la condena para el militar y va más allá al enviar copia del expediente a la CPI.

Lo que hizo fue “ordenar que se compulsen copias para que se investigue con seriedad, profundidad y prontitud, la responsabilidad de Belisario Betancur en las desapariciones forzadas”, dijo el abogado Jorge Molano, representante de las víctimas.

En las consideraciones del tribunal se exige, además, que ninguna unidad militar del país pueda tener el nombre el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, preso por estos hechos desde el 16 de julio de 2007, y se ordena que las páginas de Internet del Ministerio de Defensa y del Ejército publiquen el fallo por un año, “para que sirva de ejemplo de lo que no debe hacer la fuerza pública”. Muchos analistas difieren en la raíz del este fallo, pues mientras unos lo califican de “ajustado a las leyes” y “ejemplo de solidez democrática”, otros consideran que tiene “motivaciones políticas” y que busca “minar la moral de las Fuerzas Armadas” en su lucha contra la guerrilla.