Seis estadounidenses se refugian en su embajada en Egipto para no ser detenidos

La Casa Blanca ha mostrado su “preocupación” y “decepción” por la situación en la que permanecen seis ciudadanos estadounidenses a los que Egipto ha impedido salir del país, según afirmó ayer en rueda de prensa el secretario de Prensa, Jay Carney.

Los afectados se refugiaron este domingo en la Embajada norteamericana en El Cairo, según informó el Departamento de Estado, con el objetivo de impedir su detención por parte de las autoridades egipcias en el marco de las investigaciones de diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales. Aunque no se teme por su seguridad, varias fuentes cercanas a los seis ciudadanos de EE UU declararon a medios norteamericanos que se refugiaron en la legación diplomática ante el temor a ser detenidos.

Washington ha comunicado a Egipto que reconsiderará la aportación anual de 1.300 millones de dólares (990 millones de euros) a su Ejército si continúa investigando a las organizaciones internacionales que operan en aquel país. Los ciudadanos norteamericanos retenidos son trabajadores de ONG norteamericanas cuyo objetivo es la promoción de la democracia en Egipto. Entre ellos se encuentra Sam LaHood, hijo del secretario de Transporte, Ray LaHood, y director del Instituto Republicano Internacional (IRI) en Egipto. El sábado 21 de enero, las autoridades le impidieron subir a un avión cuando intentaba abandonar el país. Otros dos afectados trabajan para esta institución y tres más para el Comité Democrático Nacional (CDN). Ambas ONG tienen su sede en Washington, reciben fondos del Gobierno norteamericano y están ligadas al Partido Republicano y al Partido Demócrata, respectivamente.

La diplomacia estadounidense exigió que se concediera permiso a sus ciudadanos para abandonar Egipto, en una nueva escalada de tensión tras los registros llevados a cabo en las sedes de numerosas ONG el pasado mes de diciembre. A finales de 2011, la policía egipcia registró las oficinas de diez instituciones (entre ellas, el IRI y el CDN) durante el proceso de una investigación sobre la financiación de las protestas que forzaron la dimisión de Hosni Mubarak. El presidente Barack Obama exigió a Egipto que paralizara los registros, calificándolos de provocación injustificada. La fiscalía egipcia respondió que contaba con pruebas de que las organizaciones violaban la ley al captar fondos extranjeros.

John McCain, el senador republicano que ejerce como presidente honorario de ese instituto, afirmó en un comunicado que la crisis había “empeorado de tal forma que podría perjudicar a la vieja amistad entre EE UU y Egipto”. Heba Morayef, representante de Human Rights Watch en El Cairo, dijo Reuters que las ONG llevan varios años operando en el país. “No puede haber otra motivación”, advirtió, “que el deseo de silenciar a los defensores de los derechos humanos”.