Funes militariza la policía salvadoreña
El país centroamericano es uno de los más violentos de América Latina
El presidente salvadoreño Mauricio Funes, el primer mandatario de izquierdas desde el final de la guerra civil salvadoreña (1980-1992) y militante del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), surgido de la guerrilla, ha militarizado el sistema de seguridad pública. La decisión contradice la Constitución y los Acuerdos de Paz de Chapultepec. Sendos textos indican que la seguridad pública es tarea de civiles.
Funes ha conseguido en unos meses lo que cuatro gobiernos conservadores no pudieron en 20 años. El lunes pasado nombró al hasta entonces viceministro de la Defensa Nacional, general Francisco Salinas, como director general de la Policía Nacional Civil (PNC). El mandatario ya había elegido al general David Munguía Payes como ministro de Justicia y Seguridad.
El mandatario justifica sus decisiones basándose en que tanto Munguía como Salinas son militares retirados (y, por tanto, civiles) y en que la situación del país requiere “resultados” contra la delincuencia, tarea en que cree los militares serán más eficientes. El pequeño país centroamericano, con menos de seis millones de habitantes, tiene una de las tasas de violencia más altas del continente. El año pasado murieron asesinadas más de 4.300 personas. En los primeros 22 días de este año se han registrado 297 homicidios: tan solo este lunes murieron ocho personas.
El año pasado murieron asesinadas más de 4.300 personas. En los primeros 22 días de este año se han registrado 297 homicidios: tan solo este lunes murieron ocho personas"
Tensiones internas
Los cambios, además, han despertado tensiones en el interior de la PNC. Un tercio de sus mandos pertenece al FMLN y desconfía de los militares que llegarían al organismo, instituido gracias a los acuerdos de paz. Desde noviembre, varios altos mandos han sido destituidos o han dimitido. El analista en seguridad pública y asesor del FMLN en la Asamblea Legislativa, Óscar Fernández, afirma que la decisión presidencial “es parte de una estrategia más amplia dirigida por el gobierno de Estados Unidos. Ésta se concentra en extender la Iniciativa Mérida, aplicada en México desde junio de 2008 con resultados no muy positivos, pues la violencia y la criminalidad en ese país se han incrementado desde entonces. […] Estados Unidos quiere replicar esa experiencia en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador”. En opinión de Fernández, el Gobierno de EE UU no solo busca atacar al narcotráfico, sino también “controlar la zona” ante un “eventual avance de posiciones izquierdistas en la zona”.
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