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Putin se topa con la protesta popular en su vuelta al Kremlin

El líder ruso pierde popularidad por el fraude en las legislativas de diciembre

La policía detiene en San Petersburgo a un manifestante.
La policía detiene en San Petersburgo a un manifestante. REUTERS

El jefe del Gobierno de Rusia, Vladímir Putin, de 59 años, se propone recuperar el cargo de presidente en las elecciones del 4 de marzo. Fue jefe del Estado desde 2000 –cuando triunfó avalado por Borís Yeltsin y curtido por la segunda guerra en Chechenia– hasta 2008, cuando, tras dos mandatos de cuatro años, pasó el testigo a su protegido Dmitri Medvédev. Oficialmente, Putin fue presidente ocho años, pero en la práctica lleva ya 12 al frente del país, teniendo en cuenta que Medvédev ha sido un presidente interino fiel a un acuerdo bilateral que solo sus protagonistas conocen. Como se vio el 24 de septiembre, el acuerdo dejaba en manos de Putin la decisión de volver o no a la presidencia.

Putin regresa sin grandes ideas y sin sorpresas. Sigue fiel a sí mismo, con las inercias de su trayectoria como oficial del KGB, lo que supone una tremenda desconfianza de todo y de todos y una retórica antioccidental para consumo de adictos a la Guerra Fría, la Rusia rural y los que no se han recuperado de la pérdida del imperio.

En septiembre, tras el enroque con Medvédev, Putin parecía contemplar la posibilidad de permanecer al frente del Estado durante 12 años, es decir dos mandatos, que ahora, en virtud de una enmienda constitucional, son de seis años. Pero los acontecimientos en las últimas semanas en Rusia pueden obligar a corregir estos planes de salón.

Rusia está cambiando de forma acelerada, como se ha visto en las manifestaciones contra el fraude en las elecciones legislativas del 4 de diciembre que han sacado a decenas de miles de personas a la calle para pedir elecciones limpias, la anulación de los comicios, el cese del jefe de la Comisión Electoral Central y la legalización de partidos políticos a los que se ha denegado el registro.

El movimiento ciudadano, aún poco estructurado, configura un nuevo clima de tensión en torno a las elecciones presidenciales, aunque es difícil ver cómo incidirá en los comicios. Los analistas especulan con distintas variantes. A finales de 2011, el Kremlin mantenía su plan de llevar a cabo las elecciones presidenciales en el plazo previsto y Putin ha prometido "elecciones honestas", para lo que ha mandado instalar cámaras en los 90.000 colegios electorales. Sin embargo, la oposición desconfía profundamente de Putin y de las cámaras, alegando que éstas no garantizan la limpieza, porque después de la jornada de votaciones dejarán de transmitir durante un cierto tiempo, que puede ser aprovechado para cometer irregularidades. Además, la mágica metamorfosis de las actas ocurre cuando los documentos pasan al nivel superior en la estructura organizativa de los comicios.

Putin ha perdido popularidad a velocidad de vértigo durante las últimas semanas, pero aún es el líder más popular. Según una reciente encuesta, sacaría un 36% de los votos, muy por encima de sus contrincantes. Este porcentaje, no obstante, no basta para ganar las presidenciales en primera vuelta, lo que requiere un 50%.

Se han preinscrito siete aspirantes frente a Putin, de los cuales tres no necesitan recoger firmas para avalar su candidatura por representar a partidos políticos con escaños en la Duma (Guénadi Ziugánov, jefe de los comunistas; Serguéi Mirónov, jefe de Rusia Justa, y el populista Vladímir Zhirinovski, del partido Liberal Democrático). El liberal Grigori Yavlinski, el multimillonario Mijaíl Prójorov, el gobernador siberiano Dmitri Mezéntsev, y el exministro de Prensa Boris Mirónov han de entregar a la Comisión Electoral Central dos millones de firmas el 18 de enero para su registro como candidatos.

La oposición que se expresa en los mítines contra el fraude consta de diversos grupos y líderes, está en proceso de organización y no se ha planteado el apoyo a un candidato. En todo caso, el pacto por el cual el Kremlin aseguraba "estabilidad" a los ciudadanos a cambio de la renuncia a derechos civiles y políticos ha terminado.

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