Las autoridades libias se niegan a entregar a Saif el Islam a la CPI
El Consejo Nacional de Transición quiere procesarle en Trípoli La decisión final compete a los jueces de La Haya que ordenaron su arresto
Las autoridades libias se niegan a entregar a Saif el Islam, hijo del fallecido dictador Muamar el Gadafi, a la Corte Penal Internacional (CPI), que le acusa de crímenes contra la humanidad. El Consejo Nacional de Transición quiere juzgarle en Trípoli y ante su propio pueblo. Con ello demostraría que su sistema judicial puede hacerse cargo de un proceso de esta envergadura. También destaparía los abusos del ya antiguo régimen y sus redes financieras. “Las leyes libias fijan la competencia de los jueces libios en el procesamiento de sus ciudadanos”, ha declarado a la agencia oficial, WAL, Mohamed al Alagui, ministro interino de Justicia. La decisión pone en un aprieto a la Corte, que solo actúa cuando los países afectados no están en condiciones, o bien rechazan, impartir justicia. Pero las leyes libias contemplan la pena de muerte, castigo suprimido por la justicia internacional, cuya máxima condena puede ser la cadena perpetua.
La situación es tan delicada, que Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe de la Corte, ha debido emplearse a fondo en su viaje a Trípoli para explicar su postura a las autoridades libias. “Podrán juzgar a Saif el Islam si cumplen los estándares internacionales. Está capturado y deben cooperar. En mayo pasado pedimos su arresto porque los libios no estaban en condiciones de impartir justicia. Ahora han decidido hacerlo y queremos saber cómo lograrán un juicio justo. La decisión final depende de los jueces de la Corte Penal”, ha dicho. El proceso judicial que se avecina incluirá al exjefe de espías de antiguo régimen, Abdulá el Senusi. “La detención de ambos es crucial para juzgar a los máximos responsables de los crímenes cometidos en Libia. No es un asunto político o militar. Es un tema legal”, ha añadido Moreno Ocampo. El fiscal se ha reunido también con el primer ministro en funciones, Abderrahim al Kib, al que ha reiterado que “los jueces internacionales deben participar en el juicio para autorizarlo”.
La situación de El Islam y El Sanusi supone uno de los mayores retos afrontados por la Corte Penal. La orden de arresto contra ambos fue emitida el 27 de junio de 2011, y la obligación de juzgarles está clara. “No en vano el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas refirió a la CPI el caso de Libia. Las autoridades deben colaborar”, según el fiscal. Para organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, el sistema judicial libio no podrá asumir el juicio “porque no puede garantizarse el imperio de la ley y hay demasiadas tensiones y rivalidades”.
Aunque no está confirmado, el fiscal Moreno Ocampo podría visitar en breve a Saif el Islam en Zintan, situada en la región de las Montañas del Oeste. Allí permanece custodiado por sus captores, que no han querido trasladarle aún a Trípoli. Prefieren esperar a que se forme el nuevo Gobierno, un mes después de la muerte de Gadafi y tras 42 años de dictadura.
El hijo de Muamar Gadafi fue capturado el pasado sábado cerca de la frontera libia con Níger. Abdulá en Senusi, cayó al día siguiente. El primero llevaba semanas escapando por el desierto. El otro permanecía escondido en casa de su hermana, al sur del país. “Es el último capítulo del drama libio”, anunció el Consejo Nacional de Transición, al conocer los arrestos. “La Corte continúa con su investigación imparcial en Libia”, ha repetido a modo de respuesta su fiscal titular. Unas pesquisas que incluyen los presuntos crímenes cometidos por los insurgentes, y en su caso, la OTAN, durante la campaña para expulsar a Gadafi del poder.
Libia elige su nuevo Gobierno
El designado primer ministro libio, Abderrahim el Keib, ha anunciado que el próximo Gobierno de transición está listo. Como era de esperar, y así lo reconoce el propio gobernante, la preocupación que ha dominado la formación del Ejecutivo es la de que todas las regiones, que mantienen en ocasiones relaciones conflictivas, estén presentes en el Gabinete. "Es difícil decir que una zona no está representada", afirmó El keib. Ha habido sorpresas. El ministro de defensa será Osama al Jubali, comandante militar de la zona de Zintán, una de las ciudades más combativas en la guerra que acabó con el régimen de Muamar el Gadafi situada en las montañas de Nafusa, al oeste de Libia. Como jefe de la diplomacia ha sido nombrado Ashur bin Hayal, un diplomático poco conocido natural de la ciudad de Darna, en la oriental Cirenaica, una de las que más sufrió la represión de la dictadura gadafista. Supone una sorpresa porque se esperaba que fuera nombrado ministro de Exteriores Ibrahim Dabashi, el exnúmero dos en Naciones Unidos que impulsó la rebelión de los diplomáticos contra el régimen desde los primeros días de la revuelta.
Las dos carteras restantes más importantes recaerán en Hassan Ziglam, un antiguo ejecutivo del sector petrolero que se hará cargo de Hacienda, y Abdulrahman Ben Yeza seguirá en el ámbito en el que siempre trabajó al asumir el Ministerio de Petróleo.
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