Avances y retrocesos

Bolivia insertó en su Constitución Política del Estado el Derecho a la Información y Comunicación desde el año 2009; sin embargo, hay algunas nuevas leyes que lo han puesto en cuestión. En el ejercicio del derecho hay avances y retrocesos, de fondo y de forma. Entre los retrocesos está el de la Ley de Régimen Electoral que, por ejemplo, centraliza en el Estado la información sobre los candidatos en las elecciones judiciales y no permite el debate entre ellos ni la participación libre de periodistas para hacerles preguntas críticas. Entre los avances en la normativa boliviana está el de la Ley General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y la Comunicación, que reconoce a los medios comunitarios (que no tienen fines comerciales) y les asigna frecuencias en el espectro radioeléctrico, redistribuyéndolo entre diferentes operadores con un sentido de mayor pluralismo.

Bolivia no cuenta con medios públicos; existen sí medios estatales, con una línea progubernamental. Tampoco se tiene hasta ahora una Ley de Acceso a la Información Pública, hay solamente un decreto cuya aplicación es insuficiente.

Por otra parte, las agresiones a periodistas y medios –que se incrementaron en los últimos años- no se esclarecen ni sancionan, a la vez que las condiciones laborales en que trabajan los informadores no garantizan la protección necesaria en la cobertura noticiosa.

No obstante, las libertades de expresión y prensa están vigentes, aunque determinados hechos de la polarización político-social que vive el país llegan a momentos a generar fuertes críticas del gobierno al desempeño de los medios privados.

Vania Sandoval es miembro del Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) y Fundación UNIR.