Un tejido legal para regular a la prensa en Ecuador

Cinco iniciativas legales ha impulsado el Gobierno de Rafael Correa en su afán de regular a la prensa ecuatoriana. Hace poco, el mandatario envió a la Asamblea Nacional los proyectos de ley sobre telecomunicaciones y sobre el nuevo Código Penal Integral, los cuales contienen diversas regulaciones que afectan a los medios de comunicación y a la libertad de opinión en el país. A ello se suman la Ley de Comunicación, que en las próximas semanas debería aprobarse en el pleno del Legislativo, y dos leyes que ya se encuentran en vigencia: la Ley de Participación Ciudadana y la Ley Antimonopolio.

Todas estas normas legales configuran un amplio tejido legal que pretende imponer grandes cambios en los medios de comunicación de Ecuador sobre la base de que, según lo expresado reiteradamente por el presidente Correa, es necesario “acabar con los abusos de cierta prensa” y de que dicha prensa representa un enemigo de su “revolución ciudadana”.

El proyecto de Ley de Comunicación ha permanecido más de dos años en la Asamblea Nacional sin ser aprobado. Diversos sectores del país, así como organizaciones internacionales –como la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, Unesco, Reporteros sin Fronteras, Human Rights Watch, entre otras- han expuesto sus observaciones en torno a dicho cuerpo legal, en especial en lo referente a las atribuciones de un Consejo de Regulación de contenidos, el cual estaría integrado, entre otros miembros, por delegados del Gobierno.

En mayo pasado, una consulta popular planteada por el presidente Correa aprobó la creación de un Consejo de Regulación que, además de regular contenidos de violencia, sexo explícito y discriminación, “establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o medios emisores”. Sin embargo, el oficialismo no ha logrado los votos necesarios en la Asamblea para aprobar la Ley de Comunicación. Pese a ello, las autoridades legislativas han anunciado que en este mismo mes se procedería al segundo y definitivo debate de este proyecto de ley.

Mientras tanto, desde el año anterior está en vigor la Ley de Participación Ciudadana, por medio de la cual se dispone que los medios de comunicación rindan cuentas a los ciudadanos anualmente. El presidente Correa planteó tal norma bajo el argumento de que la comunicación es un servicio público, sobre el cual se requiere regulación del Estado y rendición de cuentas.

Por otra parte, el mes pasado fue aprobada la Ley Antimonopolio, que señala que los empresarios que tengan más del 6% de acciones en un medio de comunicación no podrán tener participación accionaria en ningún otro negocio ajeno a la actividad comunicacional. La idea, según el oficialismo, sería evitar posibles conflictos de interés en la propiedad de los medios de comunicación.

Y a esto se debe añadir lo que plantea el proyecto de Ley de Telecomunicaciones que la Asamblea ha empezado a tratar. Allí, además de multas de hasta 2,6 millones de dólares, se propone que las concesiones de frecuencias de radio y televisión tengan una duración de hasta 15 años, renovables vía adjudicación directa máximo hasta 30 años, luego de lo cual la frecuencia entraría a un concurso público para su nueva adjudicación.

El Gobierno señala que esta disposición pretende “democratizar el acceso a las frecuencias”. Pero diversas organizaciones han advertido que estas normas podrían debilitar a los medios de comunicación en Ecuador, pues muchos de sus accionistas pensarán dos veces antes de invertir en un negocio en el que sus recursos estarían en riesgo a la hora de perder la concesión de una frecuencia y por el cual quedarían inhabilitados de participar en cualquier otro tipo de negocio en el país que no sea comunicacional. Y esto, mientras el gobierno tiene manejo en una veintena de medios en manos del Estado.

Finalmente, el proyecto de nuevo Código Penal Integral que acaba de ser presentado ante la Asamblea mantiene entre sus disposiciones la aplicación de sanciones penales contra quienes injurien a una autoridad pública, con penas de prisión mayores que las que se aplicarían por injurias a un ciudadano común. El Gobierno ha dicho que la iniciativa legal elimina de la legislación ecuatoriana los artículos sobre el desacato, entendido como ofensas contra la autoridad pública, pero expertos como la propia relatora para la Libertad de Expresión de la OEA, Catalina Botero, han señalado que el castigar penalmente la injuria contra funcionarios públicos como agravante, es una forma de desacato.

Numerosos países de la región han eliminado de sus legislaciones las leyes de desacato en sus diversas formas y han despenalizado los delitos de opinión. Tales decisiones han tenido como una de sus bases la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual establece que "la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública".

Y en tanto se tratan en la Asamblea las iniciativas legales promovidas por el gobierno, se mantienen las constantes descalificaciones a medios y periodistas por medio de generalizaciones por parte del oficialismo con el uso de adjetivos como “prensa corrupta” y “sicarios de tinta”, y continúan los millonarios juicios penales interpuestos por el presidente Correa en contra de dos periodistas en un caso, y de un diario, sus directivos y su exeditor de Opinión, en otro.

Sin duda de entrar en vigencia el entramado legal propiciado por el gobierno el panorama para los medios de comunicación en Ecuador cambiará ampliamente. La pregunta es si con esas transformaciones el país contará con suficientes medios que no sucumban ante procesos de censura y autocensura motivados por presiones políticas, de sostenimiento económico, o de cualquier índole.