Las huelgas paralizan los hospitales de varias provincias de Argentina

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, puede destacar que desde que su marido, Néstor Kirchner, llegó al poder en 2003, la tasa de mortalidad infantil, una de las variables clave para evaluar un sistema nacional de sanidad, ha bajado en Argentina. El país tenía en 2003 un índice de 16,16 bebés menores de un año muertos por cada 1.000 nacidos vivos, una tasa demasiado alta para el nivel de renta per cápita de esta nación y que era fruto de la crisis económica de 2001-2002. La tasa era superior a las de Jamaica o Panamá. En 2011, sin embargo, ha bajado hasta 10,81, casi igual que Uruguay. Sin embargo, el sistema de sanidad pública, que depende de las provincias y de la capital, aún evidencia numerosas carencias.

Es habitual que los médicos, enfermeros y el resto de la plantilla de los hospitales convoquen huelgas para demandar subidas salariales, incorporación de nuevos profesionales, mejoras en los equipos y aprovisionamiento de materias primas y fármacos. Este miércoles el personal de uno de los hospitales pediátricos de Buenos Aires paralizó sus actividades por decimosexta vez en el año. En la provincia de Córdoba todos los hospitales llevan cinco semanas de huelga. En Misiones (noreste de Argentina) se planea una medida de fuerza para el jueves y viernes próximos. También ha habido huelgas este mes en nosocomios de las provincias sureñas de Chubut y Neuquén y en la norteña Salta. También en Santa Fe pesa la amenaza. Las interrupciones en los servicios sanitarios públicos de Argentina no discriminan por color político de los gobernantes.

En este país sudamericano las contribuciones de los trabajadores a la seguridad social no van a parar a los hospitales públicos, como en España, sino que van a las obras sociales (mutuas) sindicales, que tienen sus propias clínicas y que desde la década de los noventa, tiempo de liberalización económica, han sellado acuerdos de asociación con empresas privadas de salud. Los hospitales públicos en Argentina se financian con impuestos y a ellos acuden los parados (7,2%, según las cuestionadas estadísticas oficiales) y los empleados de la economía sumergida (34,5%).

En los primeros gobiernos de Juan Domingo Perón (1946-1955) se expandieron las mutuas sindicales, pero también se construyeron más hospitales nacionales. Para la década de los setenta, tiempos en que Argentina tenía una baja tasa de paro (alrededor del 4%), casi todos los argentinos tenían acceso a la cobertura de salud, sobre todo a través de las 300 obras sociales gremiales. En la dictadura de Juan Carlos Onganía (1966-1970), el Estado argentino transfirió los hospitales a provincias y municipios. Esta decisión y el hecho de que algunas veces los trabajadores de la economía formal aún acuden a los hospitales públicos, sin compensación alguna por parte de las mutuas, han dañado las finanzas de los nosocomios y han sellado su “decadencia en los últimos 50 años”, según Aldo Neri, ex ministro de Sanidad argentino.

“El Gobierno de Carlos Menem (1989-1999) acentuó todo esto porque metió la lógica de mercado en la salud, y eso continúa hasta hoy”, añade Neri. También en los noventa comenzó a subir el paro, con lo que más personas debieron recurrir a los hospitales públicos. En la crisis argentina de 2002 los nosocomios se abarrotaron porque el desempleo llegó al 21%. Desde entonces la situación socioeconómica ha mejorado, pero la economía sumergida continúa siendo alta.

“El hospital argentino es para los pobres”, comenta Neri. “Los pacientes aspiran a tener obra social y, si es posible, medicina privada. Los profesionales, de todos modos, atienden en mutuas, clínicas privadas, pero también en hospitales porque éstos dan prestigio. Hasta los setenta, la alta tecnología estaba en los hospitales, pero hoy está en el sector privado. Existen algunos hospitales con excelentes servicios de alta complejidad, pero son algunos”, aclara este médico sanitarista.