¿Dónde están los otros dictadores de la Primavera Árabe?
Hasta ahora, solo los expresidentes de Túnez y Egipto han abandonado el poder
Ben Ali, el primero en caer
Zine el Abidine Ben Ali, presidente de Túnez desde 1987, abandonó el poder el 14 de enero de 2011, tras numerosas protestas que se prolongaron durante varias semanas y desembocaron en el estado de excepción. Ese mismo partió día rumbo a Arabia Saudí. El 20 de de junio, un tribunal tunecino condenó en rebeldía al derrocado presidente y a su esposa, Leila Trabelsi, a 35 años de cárcel tras ser declarados culpables de corrupción y posesión ilegal de dinero y joyas.
Cinco meses después de su huida de Túnez, Ben Ali fue el primer dictador juzgado, pese a su exilio en Arabia Saudí, tras el estallido de las revueltas en el mundo árabe. Ben Ali deberá de nuevo responder ante la justicia, esta vez la militar, por, entre otras cosas, la muerte de unas 300 personas durante las cuatro semanas que precedieron a su huida, a causa de los disparos de las fuerzas de seguridad, que recibieron órdenes de acallar la protesta.
Hosni Mubarak, sometido a juicio
Hosni Mubarak, el último faraón, el rais egipcio que gobernó el país durante casi 30 años, anunció el 11 de febrero su dimisión y cesión del poder al Ejército, tras las revueltas que comenzaron el 25 de enero.
El expresidente, de 83 años y enfermo de cáncer, huyó con su familia a su casa Sharm el Sheik, donde vivió en arresto domiciliario. El 3 de agosto comenzó el juicio contra el dictador: es acusado de asesinato y homicidio múltiple porque, según el fiscal, ordenó a la policía que disparara a matar sobre los manifestantes de la plaza de Tahrir que pedían el fin del régimen. El expresidente lo niega. Unas 850 personas murieron durante las protestas.
La Junta Militar egipcia, que dirige el proceso de transición política tras la caída en febrero del dictador, fijó la fecha de las elecciones legislativas para el 28 de noviembre. El anuncio de los primeros comicios libres llegó después de sucesivos aplazamientos en la transferencia de poder que han ocasionado protestas por parte de la ciudadanía.
Alí Abdalá Saleh anuncia repetidamente su marcha
Ocho meses después del comienzo de las revueltas en Yemen, el presidente Alí Abdalá Saleh continúa en el poder. El mandatario, que permaneció en Arabia Saudí desde el atentado que casi le cuesta la vida el 3 de junio, rompió un pacto no escrito con los mediadores internacionales.
EE UU, la UE y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) esperaban que su estancia en Riad facilitara una transición pacífica del poder según un plan preparado antes del ataque, que él mismo aceptó y luego se negó a firmar. Regresó por sorpresa al país el 23 de septiembre lo que puso a Yemen al borde de la guerra civil. El pasado 8 de octubre, el mandatario volvió a comprometerse con el traspaso pacífico del poder que figura en un plan del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) e instó a los opositores a alcanzar el poder mediante elecciones.
Desde finales de enero pasado, Yemen vive una revuelta popular a imitación de la primavera árabe que se ha recrudecido en las últimas semanas con la muerte de más de un centenar de personas.
Bachar el Asad, sangrienta represión
El presidente sirio Bachar el Asad heredó el poder de su padre en el año 2000 y se resiste a abandonarlo. Las revueltas en Siria han dado paso a un conflicto que se desliza peligrosamente hacia la guerra civil. La ONU calcula que 2.700 personas han muerto y El Asad ha sido acusado desde diferentes frentes de “crímenes contra la humanidad”.
La diversidad ideológica del Consejo Nacional, que combina a miembros de la Declaración de Damasco (asociación prodemocrática y laica formada poco después de que Asad heredara el poder de su padre, Hafez el Asad) con el partido islamista ilegal de los Hermanos Musulmanes, los Comités de Coordinación Local (grupos de activistas que organizan las protestas en cada ciudad) y varios partidos kurdos, hace muy difícil que se establezca un liderazgo unificado contra Bachar el Assad.
Mientras tanto, el conflicto ha afectado a la economía del país, cercana al colapso. Las sanciones impuestas por la UE al comercio de petróleo han dejado al Gobierno bajo mínimos, con un presupuesto destinado casi exclusivamente a la seguridad y a los aumentos de salarios públicos para intentar ganarse el favor del pueblo.
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