La dudosa justicia de Correa

El proceso judicial en el que se ha embarcado el presidente ecuatoriano Rafael Correa en contra de diario El Universo de Guayaquil ha acentuado el debate en torno a la independencia de la justicia del poder político en el país andino. La discusión, sin embargo, no está confinada a este caso. Otra millonaria demanda contra dos periodistas, causas legales a partir de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, y un proceso de reforma integral de la justicia en marcha configuran un escenario en el que la discusión sobre la separación de los poderes se mantiene viva.

No cabe duda que el caso de El Universo es de prioritaria atención para el mandatario, quien fue acompañado por varios de sus ministros durante las casi 12 horas que duró la reciente audiencia de apelación en el juicio. Allí se ratificó la sentencia de 40 millones de dólares y tres años de cárcel para el periódico, sus tres principales directivos y su exeditor de Opinión, Emilio Palacio.

Se trata de un juicio por injurias que se originó en un artículo de opinión firmado por Palacio, en el que se señala, en alusión a Correa, que "... en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente" durante la revuelta policial de septiembre de 2010.

La defensa del periódico ha puesto en duda la independencia de la actuación judicial en este caso, al criticar los sucesivos cambios de jueces a cargo del proceso y la prisa con la que se han adoptado varias decisiones, como el fallo en primera instancia emitido por un juez temporal a poco tiempo de entrar a fondo en el conocimiento de la causa.

El mandatario tiene procesos abiertos contra el diario El Universo y varios periodistas

El presidente Correa, por su parte, ha dicho que los representantes legales del diario han buscado dilatar el proceso, y ha insistido en que la justicia ha ratificado en primera y segunda instancia que hubo injuria en el artículo de Palacio.

En cualquier caso, el proceso en el juicio contra El Universo aún no termina. La Corte Nacional de Justicia deberá resolver un recurso de casación presentado por el diario, cuyos directivos han anunciado que agotarán las instancias nacionales antes de buscar llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Entre tanto, otra demanda instaurada por Rafael Correa contra la prensa continúa su trámite. Es el juicio por 10 millones de dólares que sigue el presidente en contra de los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro El Gran Hermano, en el que se revelan contratos millonarios que habrían suscrito con el Estado empresas supuestamente vinculadas a Fabricio Correa, hermano del mandatario.

El país nuevamente verá al presidente de la República ingresando a los tribunales, esta vez a acusar a Calderón y Zurita de daño moral por supuestamente haber señalado que el mandatario sí sabía de los contratos de su hermano antes de que tales documentos se hicieran públicos a través de la prensa.

El Gobierno consiguió en el referéndum del año pasado plena potestad para reformar el Poder Judicial desde los cimientos

Pero hay otros procesos legales que también son de sumo interés para el gobernante. Se trata de las causas iniciadas tras la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, conocida como el 30-S. El gobierno ha insistido en que ese día se produjo un intento de golpe de Estado. Sin embargo, hasta el momento dicha tesis no ha sido plenamente validada por la justicia.

Y todos estos juicios, los implantados en contra de la prensa y las causas legales en torno al llamado 30-S, se tramitan en un sistema judicial que ha sido declarado en estado de excepción por el propio presidente Correa, cuyo representante lidera un Consejo de la Judicatura de Transición que en estos días se encuentra en la tarea de llevar adelante una reforma integral de la Función Judicial.

La consulta popular del 7 de mayo pasado dio paso a dicho consejo transitorio, el cual tendrá 18 meses para hacer su trabajo, que incluye la selección de los nuevos magistrados de la Corte Nacional de Justicia.

“Dirán que queremos meter mano en las cortes; sí, queremos meter las manos, por el bien del pueblo ecuatoriano”, dijo antes de la consulta popular el presidente Correa. Desde aquella declaración de enero pasado, el debate sobre la independencia de la justicia ecuatoriana del poder político no ha cesado y todo hace pensar que continuará por largo tiempo.