De dictadores a acusados
Varios tiranos han tenido que someterse a procesos judiciales en tribunales de su país.- La cohesión social interna en el momento del proceso es un factor clave, según un experto
Postrado en una camilla, el expresidente egipcio Hosni Mubarak ha comparecido esta mañana frente al tribunal local encargado de juzgar la violenta represión y los asesinatos perpretados por el Ejército durante los actos de protesta de febrero en Egipto que dieron como resultado la caída del régimen.
Hasta hace relativamente poco, el procesamiento judicial de un exmandatario era un acontecimiento excepcional. Durante décadas, los máximos responsables de multitud de crímenes y genocidios se han salvado porque morían en el cargo (Franco), porque abandonaban el país (el sha de Persia) o gracias a una amnistía de su sucesor (como sucedió en algunas dictaduras en Latinoamérica).
Pero desde los años 90 las cosas empezaron a cambiar. La caída de los regímenes comunistas en Europa y la llegada de la democracia a los países latinoamericanos supuso un cambio de mentalidad en la comunidad internacional. Los dictadores ya no podían librarse impunemente de sus responsabilidades. El caso del egipcio Hosni Mubarak es un ejemplo de cómo han cambiado las cosas. Es el primer dictador árabe que se sienta ante un tribunal y abre las puertas a lo que pueda suceder con otros tiranos en el futuro.
Algo parecido le ha ocurrido al exmandatario tunecino Zine al-Abdine Ben Ali, que se ha convertido en el primer dictador encausado tras las revueltas de la 'primavera árabe'. Tanto él como su esposa han sido procesados en su propio país y condenados a penas de 35 años de cárcel y a una multa de 37 millones de euros tras ser declarados culpables de robo y posesión de armas, joyas y grandes sumas de dinero. Sin embargo, hay una diferencia fundamental: lo han sido en rebeldía. Por ahora disfrutan de su exilio en Arabia Saudí y las cárceles de su país les quedan muy lejos.
El del exmandatario iraquí Saddam Hussein quizás sea el caso más recordado. "Es muy importante que se den unas condiciones domésticas y una política nacional estables antes de juzgar a un mandatario en su propio país", indica Richard Youngs, director de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo (FRIDE). En este sentido, el episodio iraquí "ha sido el más dramático, porque es obvio que el modo en el que se hizo no ha ayudado a mejorar la estabilidad del país, uno de sus principales problemas", apunta Youngs. Tras someterse al veredicto del Alto Tribunal Penal iraquí, Sadam fue ahorcado a primera hora de la mañana el 30 de diciembre de 2006 por el asesinato de 148 hombres y niños chiíes. Tal y como indica Youngs, "suele producirse una contradicción entre los estándares internacionales y el deseo de satisfacer las costumbres de la sociedad del país".
Más alejados en el tiempo, los casos de los dictadores argentinos son otro ejemplo. Jorge Rafael Videla, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Bignone, integrantes de la Junta Militar de Gobierno (que se desarrolló de 1976 a 1983), fueron juzgados en su Argentina natal . El exgeneral Videla, de 85 años, cumple cadena perpetua por el asesinato de 31 presos en una cárcel de Córdoba. Aunque el presidente argentino Carlos Menem le otorgó el indulto en 1990, la Corte Suprema lo declaró inconstitucional y Videla fue finalmente sentenciado a pasar el resto de su vida en la cárcel en diciembre del año pasado. También en 2010, Reynaldo Bignone, el último presidente de la dictadura militar, conoció su futuro: 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad perpetrados en un centro clandestino de detención. Galtieri, antiguo general y presidente del país, fue condenado en 1986 a 14 años de prisión por su responsabilidad en la guerra de las Malvinas.
Sin salir de Latinoamérica, en Bolivia, el general golpista que gobernó el país entre 1980 y 1981, García Meza, permaneció prófugo de la justicia hasta que fue extraditado de Brasil a su país en 1995 y condenado a 30 años de cárcel por los asesinatos cometidos durante el golpe de Estado.
La caída del muro de Berlín en 1989 abrió la puerta a la petición de cuentas de los dictadores comunistas del Este de Europa. Erich Honecker abandonó 18 años de liderazgo al frente de la República Democrática Alemana acusado de ser el responsable de la muerte de 192 personas que trataron de cruzar el Muro de Berlín y de torturar y matar a miles de disidentes por Alta Traición. Aunque estuvo encarcelado en 1992 y 1993, abandonó la prisión por motivos de salud y voló a Chile para morir un año después.
Aunque quizá el caso más recordado sea el del exdictador rumano Nicolae Ceaucescu junto a su esposa Elena. El matrimonio fue ametrallado en un paredón frente a un grupo de soldados y una cámara de vídeo tras la celebración de un escueto juicio sumarísimo llevado a cabo por un tribunal militar que le condenó por delitos de genocidio, demolición del Estado y destrucción de la economía nacional, entre otros.
Una nueva personalidad podría pasar a engrosar este listado, ya que Francia ha anunciado esta mañana la firma de un decreto de extradición a Panamá para el exdictador Manuel Antonio Noriega (1983-89), que tiene en su país cinco condenas pendientes.
![El exdictador argentino Jorge Rafael Videla y el exgeneral de la Armada, Luciano Benjamin Menéndez escuchan la sentencia en el Tribunal Federal de Córdoba, por el asesinato de 31 presos.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/G7W447MVTV464PZPMRILG7OIH4.jpg?auth=cb719ae41c3131dc647fbfadd998e78aa0c46e2ad5aa94471bc40db0d354d57b&width=414)
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