"Lo peor para una sociedad es encerrar a la gente y olvidarnos de que existe"

Hizo falta que Chile viviera la peor tragedia carcelaria de su historia en diciembre del año pasado -un motín que se cobró la vida de 81 personas- para que el Gobierno de Sebastián Piñera planteara una reforma profunda del sistema penitenciario del país. Chile tiene una tasa de hacinamiento del 60% en sus cárceles, la más alta de América Latina, al tiempo que entre sus paredes alberga a presos de bajo compromiso delictivo con los condenados por delitos violentos. "La situación de hacinamiento se viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo y, efectivamente, la situación con la que nos encontramos es de gran sobrepoblación, que no genera condiciones adecuadas para la reinserción y tampoco para la vida segura y digna dentro de las cárceles", afirma Patricia Pérez, subsecretaria de Justicia de Chile.

Pérez estuvo en Madrid la semana pasada para reunirse con las autoridades españolas e intercambiar experiencias que puedan ayudar a la implementación de la reforma. "Lo que nos interesa es aprender de los aciertos y también de las dificultades, absorber aquellas buenas prácticas y no incurrir en los errores", sostiene la subsecretaria. Explica que la reforma penitenciaria se basa en cinco ejes fundamentales: perfeccionamiento de la Gendarmería; fortalecimiento de las medidas alternativas a la cárcel; fomento de la rehabilitación y la utilización racional de las prisiones; y un plan de construcción de nuevos centros penitenciarios.

"El objetivo principal es la paz social y el reforzamiento de la seguridad pública", asegura Pérez. "Por eso estamos empeñados en llevar adelante esta reforma".

Hoy día hay en Chile 55.000 personas privadas de libertad en 88 cárceles [330 por cada 100.000 habitantes, mientras que en España la cifra es de 158 por cada 100.000 habitantes]. De ese total, un 20% son presos preventivos y el resto personas condenadas. "Nuestras cárceles son verdaderas escuelas del delito", afirma la subsecretaria, que critica que en la actualidad se lleva a prisión a una persona por vender CD falsificados en la calle, o por no pagar una multa, en vez de otorgárseles otro tipo de penas controladas, como trabajos comunitarios. En este sentido, Pérez comentó la modificación de una ley -actualmente en discusión en el Congreso- para la creación de medidas alternativas para quienes incurren en delitos. Esta modificación supone una inversión cercana a los 50 millones de dólares, informa, ya que implica la incorporación de más personal policial y nuevas tecnologías, como mecanismos de monitoreo telemático, que también protegerán a víctimas de violencia doméstica o de agresiones sexuales. La ley también contempla el tratamiento de los delincuentes para evitar que vuelvan a cometer crímenes con la creación de espacios que combatan el hacinamiento y den oportunidades de empleo y escolarización a los reos.

"Lo fundamental de esta reforma penitenciaria es tratar de abordar una realidad que ha estado invisible durante muchos años. Es un tema que debe ser asumido con fuerza y convicción de parte de todo el Estado y eso es lo que hemos estado haciendo", afirma. "Lo peor que nos puede pasar como sociedad es encerrar a la gente y olvidarnos de que existe".