AI denuncia la represión que sufren en China los abogados que defienden los Derechos Humanos
La ONG explica que el control ha aumentado en los últimos meses por temor a que estalle una revolución como en los países árabes
Amnistía Internacional ha presentado en Hong Kong un informe en el que denuncia la represión que sufren en China los abogados que se ocupan de defender casos relacionados con Derechos Humanos. La ONG explica que las severas medidas para controlar a los letrados se han intensificado en los últimos meses y señala el temor del Gobierno chino de que "estalle una revolución inspirada en la Primavera Árabe".
"Los abogados de derechos humanos son víctimas de una escalada de tácticas dirigidas a acallarlos, que abarcan desde la suspensión o revocación de licencias hasta el acoso, la desaparición forzada e incluso la tortura", ha declarado Catherine Baber, directora adjunta de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.
En este clima de represión, AI asegura que se están llevando a cabo detenciones de abogados "relacionados con cuestiones con la libertad de religión, expresión y el derecho a la tierra". En el informe, que lleva por título Against the Law - Crackdown on China's Human Rights Lawyers Deepens se detalla que de los más de 204.000 abogados, solo algunos centenares se atreven a defender los derechos humanos debido "a la intimidación y la persecución que sufren".
Evaluación anual
Cada año, los letrados chinos tienen que someterse a una evaluación, que no suelen superar los que se dedican a defender "casos comprometidos", explica la ONG. "La nueva normativa introducida en 2009-2010 prohíbe a los abogados defender a determinados clientes, hablar de su labor con los medios de comunicación o denunciar la negligencia judicial, y amplían los motivos por los que se puede acusar a los abogados del delito de incitar a la subversión cuando prestan asistencia letrada", añade AI.
Esta es una de las principales causas por las que en la actualidad les sea más difícil conseguir asistencia legal a "personas procesadas por pertenecer a grupos religiosos no oficiales como el movimiento espiritual Falun Gong, manifestantes tibetanos y uigures". Son especialmente vulnerables, según la ONG, las personas que han sufrido tortura o detenciones ilegales por parte del Gobierno.
