El interior de Perú estalla tras las elecciones

La frágil tregua que había logrado el Gobierno peruano antes de las presidenciales terminó de romperse esta semana, con violentas protestas en varias zonas del interior del país que hasta el momento han causado nueve muertes. A las tres personas que fallecieron el miércoles durante las protestas ocasionadas por la creación de una controvertida universidad en la región Huancavelica se sumaron el viernes otras seis, consecuencia de los enfrentamientos en la región altiplánica de Puno, fronteriza con Bolivia, que reclama contra las actividades mineras y petroleras en su territorio.

Las movilizaciones solo se detuvieron unos días para permitir la segunda vuelta electoral del 5 de junio. Tras varias semanas de violentas protestas, que incluyeron saqueos y destrucción de oficinas públicas y negocios privados, la sangre llegó al río el viernes cuando las fuerzas de seguridad de la policía y el ejército usaron sus armas para intentar impedir -sin éxito- que una turba de hombres, mujeres y niños tomara el aeropuerto de Juliaca. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, al menos 30 personas más resultaron heridas. Los manifestantes reaccionaron atacando y sitiando la comisaría de la localidad de Azángaro, donde quedaron atrapados una docena de policías. Según el jefe policial de Puno, general Herbert Rojas, hay 10 policías heridos y uno desaparecido.

Tres situaciones se han juntado en Puno estos días. La zona sur, de etnia aimara, fue la primera que se levantó contra la decisión del Gobierno de dar luz verde a un proyecto minero cercano a la zona de frontera y a las aguas del lago Titicaca, y exige que toda la región sea declarada libre de minería. Posteriormente, pobladores de la zona norte, de etnia quechua, se sumaron para protestar por su propia problemática, principalmente contra la contaminación del río Ramis, afectado por la actividades mineras ilegales, y el proyecto de la gigantesca central hidroeléctrica de Inambari, en la región selvática de Madre de Dios, al este de Puno.

Salvo en el último caso, los intentos del Gobierno saliente de Alan García de aplacar las protestas fueron infructuosos, lo que llevó a algunos sectores a pedir la intervención del mandatario electo, Ollanta Humala, quien ganó con amplitud las elecciones en la región. Lo cierto es que Humala, que asumirá el Ejecutivo el 28 de julio, se ha mantenido al margen, salvo algunas declaraciones públicas en las que se compromete a solucionar los conflictos sociales. Ayer, tras una reunión con alcaldes, pidió al Gobierno "detener el derramamiento de sangre" en la región.

El viernes por la noche, finalmente el Gobierno cedió a las demandas y anunció una serie de decretos que suspenden las concesiones mineras cuestionadas por la población aimara. El sábado por la mañana, el viceministro de Minas, Fernando Gala, aseguró que también se ha llegado a "soluciones" con la población quechua, por lo que afirmó que "no hay ningún motivo" para que continúen las protestas. Sin embargo, aún no hay respuesta de los manifestantes.

Los conflictos sociales ha sido el gran lastre del Ejecutivo de Alan García. El fuerte crecimiento económico no ha evitado que crezca también el descontento y la violencia. Desde 2008 los enfrentamientos en distintas regiones han dejado 98 muertos y 1.379 heridos, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.