"Ningún órgano controla a los medios, es un privilegio que no debe existir"

El próximo sábado, Ecuador celebra un referéndum en el que se plantean cinco reformas constitucionales y cinco propuestas políticas. Entre las primeras, asuntos tan delicados como la reforma de los órganos de gobierno del poder judicial o la ampliación de la prisión preventiva. Entre las segundas destaca especialmente la voluntad de regular el "enriquecimiento injustificado" o los contenidos de los medios. 110.000 ecuatorianos podrán votar en España. El embajador, Galo Chiriboga (Cuenca, 1950), defiende todos los puntos menos uno, el que pretende prohibir las corridas de toros. "Votaría no", afirma. Además, se ha postulado para ser fiscal general, cargo en el que le correspondería perseguir estos nuevos tipos penales.

La cúpula judicial "no es capaz ni de ejecutar su presupuesto"

"No queremos que haya fortunas que la ley no pueda investigar"

Pregunta. ¿Cuál es la necesidad de hacer un referéndum para desarrollar estas políticas?

Respuesta. La razón fundamental es porque hemos visto que la aplicación de ciertas normas constitucionales necesita adecuarse a la realidad. Si el ecuatoriano de a pie fue el legislador de su constitución creemos que ese mismo ciudadano debe ser el que la reforme. Las dos primeras preguntas tienen el propósito de garantizar la seguridad ciudadana. Solo se puede estar en prisión preventiva un año y si los jueces no te condenan, obtienes la libertad. Ha ocurrido que por manipulación del proceso penal, los implicados han generado una serie de incidentes, muchas veces en contubernio con funcionarios judiciales, para alargar los plazos y que no se produzca la audiencia y obtener su libertad.

P. Da la sensación de que proponen una prisión provisional indefinida.

R. Es equivocado y hay que tenerlo claro. No se modifica el principio constitucional. La caducidad es en un año. Unas cifras: de 2007 a 2011 hubo 4.026 caducidades de prisión preventiva, el 95% en la provincia de Guayas. Ha habido jueces a los que se ha detectado que han dejado producir cuatrocientas y pico caducidades sin que el Consejo de la Judicatura [el órgano de gobierno del poder judicial] tome ninguna acción. El consejo de la judicatura tiene nueve miembros y la consulta busca reducirlo a cinco con gente más relacionada con el ejercicio de la justicia. Son nueve y no han sido capaces ni de ejecutar los presupuestos. En 2010 se les dio 25 millones de dólares para su tarea y apenas lograron ejecutar 3 millones. Un colegiado de nueve personas es casi imposible que se pongan de acuerdo.

P. Aquí son 21 y tampoco se ponen de acuerdo en todo, pero la institución funciona.

R. La diferencia es que aquí tienen una concepción mucho más funcional de su tarea, que es mejorar la administración de justicia. Se ve que en este caso, los nueve no tienen clara su tarea.

P. ¿Qué es el delito de "enriquecimiento privado no justificado"?

R. En Ecuador hemos vivido la situación de que ciudadanos que no han ejercido profesión ni una actividad empresarial conocida, aparecen con grandes fortunas de la noche a la mañana. Se podría presumir que provienen de actividades ilícitas. Eso es un enriquecimiento injustificado. No atacamos el derecho de las personas a obtener riquezas dentro del sistema ecuatoriano, que se rige por las leyes del mercado. No queremos que haya fortunas que la ley no pueda investigar.

P. ¿Pero cuáles son los elementos indiciarios para sospechar de una fortuna?

R. Una persona que se ha dedicado al narcotráfico, que de la noche a la mañana, con tres alijos empieza a tener una fortuna socialmente demostrable, compra casas, caros. ¿Cómo obtuvo esa fortuna? A través de esa ley se regulará un proceso de investigación que, bajo la garantía constitucional de la presunción de inocencia, permita al Estado verificar las condiciones en las que se obtuvo esa riqueza. Si no puede demostrarme que ha sido fruto de su actividad profesional, empresarial, una herencia, situaciones normales, habrá una presunción que inicie un proceso penal.

P. ¿Cuáles son los límites que quieren poner a la prensa?

R. Dentro de la protección de las garantías ciudadanas, todos estamos sometidos a controles, las empresas privadas, el sistema financiero, los políticos, todos, excepto los medios de comunicación. No hay ningún órgano que los regule. Nos parece que están en una situación de privilegio que en una democracia no debe existir. ¿Qué se quiere controlar? Fundamentalmente que haya instrumentos sobre temas como, por ejemplo, si un medio de comunicación empieza a promover la violencia, la xenofobia, el racismo... en este momento no tenemos instrumentos para decirle "usted no puede hacer eso".

P. ¿No hay ya leyes contra el racismo?

R. No vinculadas a los medios de comunicación. Podría ser que los medios, que tienen consejos editoriales, tuvieran una política explicita a favor del racismo o la violencia. Queremos que en el caso de que se produzca, vaya a este consejo regulador que proponemos, que es de la función pública. La decisión que tome de sanción o amonestación es recurrible. El derecho a reclamar ante las cortes legales no está limitado.

P. ¿Entre esas conductas se contempla la crítica al Gobierno?

R. No. En Ecuador la crítica al Gobierno es parte del ejercicio democrático. Se critica todos los días. Yo entiendo que los medios son un contrapoder que existe en la democracia, y está bien que exista. Nadie cuestiona el derecho de la prensa a investigar, a criticar. La relación es tirante. Pero a veces se invaden competencias de la función ejecutiva y se critica bajo una supuesta neutralidad, cuando no la hay. Es mucho más razonable hacer explícita una posición política frente al Gobierno en un editorial. Pero estar en contra del Gobierno no le da derecho a crear infundios. ¿Cómo es posible que Donald Trump se permita crear un infundio evidente sobre el presidente Obama, que ha tenido que enseñar la partida de nacimiento?

P. ¿Y usted ha oído que el Gobierno de EE UU haya puesto en duda el derecho de Donald Trump a la libertad de expresión y el derecho de los medios a reproducir sus palabras?

R. Lo que criticamos es cómo es posible que en una democracia un infundio se siga difundiendo por la prensa.

P. Pues es posible.

R. Pero éticamente no es lo correcto.

P. Desde luego, pero son cosas distintas. ¿Ecuador pretende convertir la hipocresía en delito?

R. Esta pregunta es parte de una consulta popular. Lo que se busca es obtener el criterio y sobre ese criterio regularlo en una ley. Me parece que en este tema los medios se ponen a la defensiva. No hay ningún ataque. Más libertad de prensa que en Ecuador no puede haber. Broncas y reclamos todos los días.

P. Pero esta regulación se produce en el contexto de un país donde el presidente dice que los medios son su principal enemigo y les dedica insultos diarios. Entienda las suspicacias.

R. Vale la pena que se mire desde el otro lado. Yo estoy convencido que el Gobierno del Ecuador tiene hechos positivos que se difunden muy poco, y también hechos negativos de los que se superinforma. No digo que somos el Gobierno perfecto ni la última cocacola del desierto. Está bien que se critique. Pero debe haber un equilibrio entre lo bueno y lo malo. Es esa relación tan tirante la que produce una reacción por parte del Ejecutivo.

P. ¿Y esa relación va a ser menos tirante con esta ley?

R. Yo creo que va a fijar la cancha. Hay que hacer un esfuerzo por definir los roles de cada uno. El presidente Rafael Correa no ha cerrado un medio. Él soporta esa posición tan dura de los medios que muchas veces es injusta.

P. ¿El Gobierno se siente amenazado por los medios?

R. No. Amenazado no. Porque es un Gobierno que tiene una legitimidad democrática. Pero es evidente que el permanente ataque por muchas cosas que no son ni siquiera verdad va generando un deterioro que no es conveniente sostenerlo. Vamos a las evidencias. Me parece que la prensa debe trabajar sobre hechos comprobados. No intoxicar a ciertos agentes e intoxicar el debate público.