Wisconsin apuntala la ley que elimina los derechos sindicales

La ley que elimina los derechos sindicales de los funcionarios de Wisconsin y que ha dividido al país en una agria batalla ideológica quedó lista este jueves para su entrada en vigor tras su aprobación por el Congreso localcon la ausencia de los legisladores demócratas, que han optado por la salida más drástica en un duelo que puede aún prolongarse y agravarse.

La ley fue aprobada por el Senado a última hora del miércoles. Anoche el Congreso ratificó la decisión de la Cámara alta por 53 votos a favor y 42 en contra. Los demócratas auguraron que la aprobación de esta medida tendrá un precio político para los republicanos. Pese a ello, el gobernador, Scott Walker, un republicano que ha alcanzado relevancia nacional con esta iniciativa, ha decidido continuar el procedimiento y firmar la ley en cuanto llegue a su escritorio.

Ambos bandos queman pues toda su artillería en este conflicto: los demócratas, con su boicoteo a la acción legislativa, y los republicanos, con su decisión de seguir adelante con una propuesta impopular -como demuestran las encuestas- que les puede alejar aún más de la clase trabajadora.

Los sindicatos han prometido continuar con una lucha que se prolonga ya durante más de un mes. Los demócratas se han comprometido a revocar la ley en cuanto tengan oportunidad de hacerlo. Los republicanos insisten en que esto es una cuestión de principios y que no cederán a la presión callejera. La ley prohíbe a los sindicatos negociar convenios para los empleados públicos más allá de las mejoras salariales, y éstas, con el límite del índice de la carestía de la vida. Aduciendo el pésimo estado de las financias públicas, el gobernador se niega a incluir cualquier clase de ventajas sociales de los funcionarios.

Es, por tanto, un asunto de gran relevancia para los trabajadores de Wisconsin y de otros estados que puedan seguir ese ejemplo. Pero si el caso ha alcanzado tal trascendencia es, sobre todo, porque representa una lección sobre cuál es la receta de los republicanos para abordar el grave problema del déficit público. Dicho de forma simple: el mensaje que los conservadores envían desde Wisconsin es el de que los culpables del déficit son los beneficios abusivos de los empleados públicos, no los 800.000 millones de dólares destinados a salvar a los bancos o las pérdidas acumuladas por las ventajas fiscales aplicadas por George Bush y renovadas por Barack Obama.

El presidente se ha puesto del lado de los trabajadores y ha denunciado lo ocurrido en Wisconsin como "un atropello contra sus derechos". Los demócratas, a escala nacional, han hecho también piña con sus compañeros de ese estado industrial. Todos saben que este conflicto no se cierra con la aprobación de la ley en el Congreso local sino que es una anticipación del gran debate que el país sostendrá en la campaña para las elecciones presidenciales de 2012.

La batalla sobre el déficit es ya el gran asunto a discusión en el Congreso en Washington. Los republicanos han hecho de ello su gran apuesta para recuperar la Casa Blanca, y actualmente se niegan a aprobar el presupuesto presentado por el presidente para el presente año fiscal si no se acepta una rebaja del gasto público de más de 60.000 millones de dólares. El problema es de tal magnitud que podría llegar a paralizar por completo la actividad del Gobierno si no se consigue un acuerdo en unos pocos días más.