Wisconsin, epicentro de un terremoto político en EE UU

A la sombra de la sublevación popular en el mundo árabe ha ido creciendo en las últimas semanas en el corazón de la América industrial, en Wisconsin, un movimiento de protesta que tiene un origen sindical y local, pero que, en realidad, es un reflejo del mayor y más complejo debate que tiene lugar en estos momentos en Estados Unidos: la reducción del déficit público y el papel del Estado. Del resultado de ese debate depende no solo el futuro político de Wisconsin, sino el rumbo de este país en la próxima década.

El conflicto comenzó por la audacia de un gobernador republicano, Scott Walker, quien, espoleado por el avance de las ideas conservadoras en las elecciones de noviembre y forzado por la lastimosa situación financiera del Estado de Wisconsin, decidió atacar el problema presupuestario desde dos frentes, el económico y el ideológico. Propuso una ley que impide que los sindicatos negocien convenios colectivos para los trabajadores públicos excepto para acordar mejoras salariales, e incluso en ese caso solo podrán hacerlo sin sobrepasar el índice de inflación del Estado. De esta manera, Walker pretendía al mismo tiempo reducir la nómina de los funcionarios y el poder de los sindicatos, que equivale a reducir el poder del Partido Demócrata, para el que habitualmente recaudan fondos y piden el voto.

El gobernador republicano quiere eliminar los convenios colectivos

La iniciativa de Walker inmediatamente fue elogiada por los comentaristas conservadores y por otros gobernadores republicanos, que prometieron copiarla en sus Estados. El propio Walker se convirtió en un héroe de la derecha, que lo pone como ejemplo y lo anima a buscar la Casa Blanca. La razón de esos elogios es que, con su ley, Walker se había atrevido a señalar al corazón del problema del déficit y la deuda nacional: los privilegios de los funcionarios y los abusos sindicales. Estirando un poco el argumento, Wisconsin era la evidencia de que para atajar el déficit hay que reformar el Estado, liberalizar el aparato estatal.

Esta propuesta no quedó, por supuesto, sin respuesta de quienes se sentían el blanco del ataque conservador: los trabajadores públicos de Wisconsin, los sindicatos y el Estado federal, representado por el propio Barack Obama. "Yo no creo que se haga ningún bien a nadie cuando los trabajadores públicos son denigrados, vilipendiados o privados de sus derechos", dijo el lunes el presidente al dirigirse a una reunión de gobernadores, a la que, por cierto, no acudió Walker.

Los trabajadores ocuparon el Congreso de Wisconsin -sin violencia porque es de libre acceso a todos los ciudadanos-, los demócratas de ese Estado se negaron a participar en el debate de la ley y huyeron a Estados vecinos para no ser obligados por la policía a acudir a sus escaños, como el gobernador, en uso de sus potestades, ha ordenado hacer. El pasado fin de semana los sindicatos realizaron manifestaciones de solidaridad en varias ciudades y el país se encuentra sumergido en una estimulante polémica sobre cuál de los dos bandos tiene razón.

Una encuesta de Pew publicada el lunes daba el 42% de apoyo a los trabajadores y el 31% al gobernador. En otro sondeo de The New York Times, la diferencia era de 60% a 30% en el mismo sentido. ¿Se pueden trasladar estas cifras a las preferencias políticas y electorales de los ciudadanos? Esa es la pregunta del millón.

En el conflicto de Wisconsin los dos partidos están probando sus argumentos y ensayando sus armas ante la gran contienda de 2012. Wisconsin es algo así como lo que la Guerra Civil española fue para la Segunda Guerra Mundial. El déficit público y el papel del Estado van a seguir, sin duda, siendo temas centrales del debate nacional cuando las aguas vuelvan a su cauce en Wisconsin. Pero en esa batalla los republicanos están comprobando, por ahora, que no es tan fácil cumplir el programa revolucionario que prometieron, mientras que los demócratas han recuperado cierta confianza en sus fuerzas.