EE UU pide a Twitter información de las cuentas de colaboradores de Wikileaks

Enésimo asalto de la justicia estadounidense contra la web de filtraciones Wikileaks, su fundador, Julian Assange, y su entorno, mientras Washington aún se duele de la revelación el pasado 28 de noviembre de más de 250.000 cables diplomáticos enviados desde sus embajadas en todo el mundo al Departamento de Estado, con decenas de escándalos que han dejado al desnudo muchas claves de la política internacional estadounidense. En un intento de conocer cómo se ha gestado y ejecutado la fuga de información secreta, el Departamento de Justicia ha enviado una citación a la red social Twitter para que le facilite los datos personales de usuarios que tienen vinculación con la organización. Wikileaks ha informado a través de un comunicado que sospecha que ésta no es la única compañía a la que el Gobierno estadounidense ha reclamado información.

La orden, cursada a través de un juzgado del Estado de Virginia, reclama a la empresa radicada en San Francisco que entregue los nombres de usuario, direcciones de correo, detalles de conexiones realizadas, números de teléfono, tiempos de conexión y pagos a través de Internet desde noviembre de 2009 hasta la actualidad, según se refleja en la citación, publicada por Salon.com.

Desde esa fecha, Wikileaks ha liberado más de 700.000 documentos públicos con sello estadounidense. Entre ellos, el vídeo de la muerte en Bagdad de doce personas por fuego de Apaches norteamericanos y por cuya filtración está detenido el agente de inteligencia Bradley Manning. Este, según el soplo que le llevó a entrar en prisión, contactó con Wikileaks por primera vez precisamente en noviembre de 2009. De acuerdo con la orden judicial emitida el 14 de diciembre, la información requerida es "pertinente" y el material es importante "para una investigación criminal en curso", esto es, la causa de espionaje contra Assange que Washington intenta desarrollar desde el arresto de Manning.

Los lazos de la diputada islandesa

Entre el listado de personas cuyas cuentas están en el punto de mira se encuentran el propio Assange y una diputada islandesa, Birgitta Jónsdóttir, quien ha reaccionado con incredulidad al conocer la petición recordando su condición de parlamentaria. Jónsdóttir, miembro del Parlamento islandés por el grupo El Movimiento, nacido al calor de la crisis económica que sufrió el país en 2008, simpatiza con el portal de Assange y le ha prestado su colaboración en varias ocasiones.

Prueba de la sintonía con el proyecto -al menos con el primer equipo que puso en marcha la web-, la parlamentaria logró que la Cámara de su país aprobara la Iniciativa Islandesa de Medios Modernos (IMMI), un proyecto de ley que pretende, al hilo de la filosofía de Wikileaks, blindar la ley de prensa más fuerte del mundo. Tras lograr el respaldo de los diputados, la IMMI se encuentra en el Parlamento para su adaptación a la legislación nacional.

Cuando Twitter recibió la petición de entregar esa información conoció también dos exigencias: la primera, que debía facilitar los datos en tres días, y la segunda, que no debía hacer público el requerimiento. Pese a ello, la red social ha informado a los afectados por la orden de que tienen 10 días para frenar el requerimiento vía legal. Si no lo hacen, según se desprende de la carta publicada en su blog por uno de los citados, Rop Gonggrijp, Twitter procederá a la solicitud de la justicia estadounidense. La red aconseja incluso en el escrito que utilicen consejo legal y recomienda la organizaciones Electronic Frontier Foundation y ACLU.

El soldado, el hacker y el programador

La justicia estadounidense también ha requerido amplia información confidencial del perfil en Twitter del soldado Manning; del hacker holandés Rop Gonggrijp y del programador estadounidense Jacob Appelbaum. Estos últimos, antiguos trabajadores de la organización dirigida por Assange. El fundador de Wikileaks se ha referido hoy a las intenciones de EE UU de recabar datos personales y secretos de Twitter: "Si el Gobierno iraní tratase de obtener esta información de los periodistas o activistas extranjeros, grupos de derechos humanos de todo el mundo se habrían manifestado", señaló Assange en un comunicado.

La red social de mensajes cortos (140 caracteres) se ha limitado a señalar que "para proteger los derechos de los usuarios es nuestra política notificar a los usuarios sobre el cumplimiento de la ley y de las solicitudes gubernamentales, para su información, a menos que se les impida por ley hacerlo". La compañía de San Francisco señala en su apartado dedicado a la privacidad de los contenidos que podría revelar la información de un usuario si "es razonablemente necesario para cumplir la ley, un reglamento o requerimiento legal; para proteger a una persona; para combatir el fraude, por motivos técnicos o de seguridad; o proteger los derechos o propiedades" de la red social.

• Nacionales
• Internacionales