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Londres y Washington, a la greña en 2008 por los vuelos de espionaje

Al Gobierno de Gordon Brown le preocupaba que la información recogida usando sus bases se utilizara para violar los derechos humanos

Los Gobiernos de Reino Unido y Estados Unidos protagonizaron un agrio enfrentamiento en la primavera de 2008 por el uso de bases británicas por aviones espía norteamericanos. La polémica, hasta ahora desconocida, afectaba sobre todo al uso de una base británica en Chipre para vuelos de espionaje a bases del grupo chií libanés Hezbolá con el objeto de facilitar información al Gobierno del Líbano. El Gobierno de Gordon Brown quiso endurecer las condiciones para el uso de esa base en ese tipo de operaciones por temor a que se repitiera la polémica que se había suscitado apenas unas semanas antes, cuando se supo que Washington había utilizado la base norteamericana de Diego García -una isla coralina del Océano Índico que es territorio británico- en vuelos que transportaban sospechosos de terrorismo entregados a o detenidos en terceros países, las llamadas rendiciones extraordinarias.

La polémica alcanzó momentos de una tensión casi inaudita entre estos dos firmes aliados, como reflejan los cables secretos 150435, 151135, 153879 y 154713 enviados por la Embajada de Estados Unidos en Londres entre el 18 de abril y el 20 de mayo de 2008. "Houston, tenemos un problema", se titula uno de esos cables, que llega a la conclusión de que las condiciones que quiere imponer Londres suponen que "un nuevo elemento de desconfianza se ha deslizado en las relaciones mil/mil [por militares] Estados Unidos-Reino Unido". Los cables estadounidenses califican de "no solo onerosas sino disparatadas" las cautelas adicionales exigidas por Londres y estiman que "van a dificultar, sino obstruir, nuestros esfuerzos de cooperación contraterrorista".

"Aunque compartimos las preocupaciones del Gobierno de su Majestad de que no se pueden sacrificar los derechos humanos en nombre del contraterrorismo, no podemos asumir una política de reducción de riesgos tal que signifique que el miedo a potenciales violaciones de los derechos humanos permita la proliferación del terrorismo en Líbano".

La tensa reacción de Washington llevó a Londres a recular parcialmente en sus exigencias iniciales en una polémica que, en palabras del Foreign Office, estaba llegando a "un nivel de confrontación innecesario". Pero, aún así, Londres siguió empeñado en que el visto bueno a los vuelos de espionaje "operacionales" en las que se iba a facilitar información a terceros exigían la presentación de información adicional.

Los norteamericanos insistieron, sin embargo, en acatar esas exigencias solo de forma parcial y simbólica y de manera que no sentaran precedente. "Recomendamos que se lleve adelante el procedimiento de presentación de información más detallada para todos los vuelos pero incluyendo una carátula dejando claro que la información adicional se suministra a modo de cortesía y no sienta un precedente para futuras admisiones".

El problema empezó con la sospecha del Gobierno británico de que Estados Unidos utilizó la base de la Fuerza Aérea Británica (RAF) de Akrotiri, en Limasol (Chipre), para vuelos de sus aviones espía U2 sobre Líbano a petición del Ministerio de Defensa de ese país, y no en nombre del Gobierno libanés en su conjunto como está legalmente establecido. Se trataba de vuelos operativos en el marco de las operaciones denominadas en clave Cedar Sweep (barrido del cedro). Aunque el documento no lo menciona, se trata de operaciones para obtener información sobre Hezbolá y hacérsela llegar luego al Gobierno de Líbano. Y los británicos recelan de esas operaciones porque, según señala uno de los cables de la diplomacia estadounidense, "el Departamento de Derechos Humanos del Foreign Office ha hecho saber que, a pesar de las garantías dadas por el Ministerio de Defensa libanés de que no utiliza de forma ilegal la información de inteligencia compartida, Human Rights Watch e incluso nuestro propio Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado ha documentado casos de torturas y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas armadas de Líbano".

Esas operaciones provocaron la alarma del Gobierno británico por varias razones. Sobre todo por la polémica que las llamadas rendiciones extraordinarias practicadas por el Gobierno de George W. Bush provocaron en Europa y en particular en Reino Unido. Sobre todo cuando en febrero de 2008 se supo que el Pentágono había utilizado en algunos de esos vuelos la base de Diego García sin permiso previo de los británicos. Pero también por otros precedentes, como el uso de Akrotiri para facilitar a Turquía inteligencia sobre territorios kurdos en el norte de Irak o el envío de armas a través del aeropuerto escocés de Prestwick.

En abril, el Foreign Office le hizo saber a la Embajada de Estados Unidos en Londres que de forma inminente quería que ese tipo de vuelos, que hasta entonces se pactaban directamente entre los militares de ambos países, obtuvieran también un visto bueno político. Por ello, quería establecer un mecanismo para que Estados Unidos suministrara información adicional sobre ese tipo particular de vuelos y que las peticiones de autorización se gestionaran con el Foreign Office a través de la embajada norteamericana en Washington.

Entre los requisitos informativos adicionales exigidos por Londres estaban el objetivo de la operación, las terceras partes implicadas, qué información de inteligencia se intentaba llevar a cabo, si la operación formaba parte de algún acuerdo más amplio (como los acuerdos de Camp David o alguna resolución de Naciones Unidas) y "un par de frases de asesores legales de Estados Unidos sobre los riesgos políticos o legales" de la operación.

Pese a su reacción adversa, los estadounidenses admitían que las revelaciones sobre el uso de Diego García en las rendiciones extraordinarias habían sido "muy embarazosas para el Gobierno de Brown". "La propuesta sobre vuelos de espionaje puede parecer desproporcionada, pero es casi con toda seguridad un indicio de la sensibilidad del Gobierno de Brown hacia cualquier criticismo acerca de misiones sensibles de espionaje de Estados Unidos en un momento en que Brown afronta crecientes problemas políticos internos", señala uno de los cables.

En otro, los diplomáticos de la embajada en Londres explican cómo el Foreign Office ha subrayado la importancia que dan a la colaboración en materia de espionaje con los chipriotas y cómo estos son "hipersensibles" a la presencia británica en la isla. "Eso, combinado con la mezcla tóxica de los vuelos de las rendiciones a través de Diego García, ha provocado una tremenda presión parlamentaria, pública y mediática al Gobierno de Su Majestad para mantener el control soberano de sus territorios, especialmente Akrotiri", reza el texto. En otro se hace hincapié de forma aún más explícita en ese aspecto al subrayar que esas "enormes cautelas son un reflejo de la atención del parlamento, la opinión pública y los medios a todas las cuestiones que afectan a complicidad del Reino Unido en violaciones de los derechos humanos".

Y cuando los norteamericanos insistieron "con dureza" en la necesidad de que los permisos siguieran negociándose de militar a militar, la directora general de Defensa e Inteligencia del Foreign Office, Marriot Leslie, replicó que "el jefe del Foreign Office [David] Miliband creía que 'los políticos tienen que controlar a los militares'".

Puedes contactar en Eskup con el autor del artículo, Walter Oppenheimer. | Comenta esta noticia en la red social de EL PAÍS | La mayor filtración de la historia | Preguntas y respuestas | Ir al especial