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Bruselas estudia la legalidad de las expulsiones de gitanos en Francia

La Comisión analiza si se respeta el derecho a la libertad de circulación de los europeos y la Carta de Derechos Fundamentales

La Comisión Europea estudia si Francia ha cumplido "escrupulosamente" con la norma europea al expulsar a casi 1.000 gitanos rumanos y búlgaros desde finales de julio, tal y como lo reiteró ayer en Bruselas el ministro de Inmigración, Eric Besson. En concreto, el Ejecutivo europeo examina si la gran mayoría de estas expulsiones han sido realmente "voluntarias" o si el que se conoce como el país de los Derechos Humanos ha vulnerado los derechos fundamentales de los afectados o violado el derecho europeo a la libertad de circulación, según ha anunciado hoy el portavoz de la comisaria de Justicia, Matthew Newman.

El conjunto del colegio de comisarios, recién regresado de vacaciones, tiene previsto analizar entre hoy y mañana el informe "preliminar y jurídico" redactado por los servicios legales del Ejecutivo comunitario y presentado por la vicepresidenta y comisaria de Justicia, Viviane Reding, sobre las polémicas expulsiones. En este documento se ha incorporado las versiones aportadas por la delegaciones francesas y rumanas, que se reunieron ayer con Reding y la comisaria de Interior, Cecilia Malsmtröm.

El objetivo de dicho informe es analizar "dos asuntos jurídicos europeos" concretos, según ha explicado Newman: el respeto del derecho a la libertad de circulación de los europeos, que se aplica por lo tanto a los rumanos y los búlgaros, y la Carta de Derechos Fundamentales. Sobre el primer aspecto, el ministro francés Besson no dudó en afirmar ayer que la libre circulación no podía ser "incondicional", ni "pretexto para la realización de actividades ilícitas". A finales de esta semana tendrá lugar una nueva reunión en Bruselas con representantes del Gobierno francés, esta vez de "nivel técnico".

Salidas "voluntarias"

El Secretario para Asuntos Europeos rumano, Bogdan Aurescu, manifestó ayer en Bruselas sus dudas sobre el carácter "voluntario" de las expulsiones llevadas a cabo por Francia. En efecto, según el Ejecutivo francés, casi 1.000 personas han sido repatriadas desde que a finales de julio anunciara su intención de acelerar los desmantelamientos de poblados gitanos y las expulsiones de los que vulneraran la ley. De estos, tan solo 151 habrían sido expulsiones "forzadas". El resto se habría beneficiado de la ayuda al retorno voluntario, que consiste en un billete de avión, unos 300 euros por adulto y otros 100 por niños.

Según explican las asociaciones, las autoridades suelen acompañar las órdenes de abandonar el territorio nacional de esta ayuda. Por lo tanto, son muchas las familias que optan por aceptarla en vez de esperar a ser expulsadas por la fuerza y son así contabilizadas como salidas "voluntarias". Además, hasta ahora muchos aprovechaban el dinero para costearse el regreso a Francia. Para evitar alimentar esta noria demográfica, el Gobierno ha puesto en marcha un fichero -que a partir de este mes incorpora datos biométricos- en el que se incluye a todos los que se hayan beneficiado de la ayuda. Aunque no impide que estos regresen a Francia, si puede evitar pagarles de nuevo la prima.

La política del Gobierno ha quedado también en entredicho por las primeras decisiones de la justicia conocidas que contradicen la legalidad de algunas expulsiones. Ha ocurrido ayer en Lille, donde el tribunal administrativo ha anulado siete órdenes de expulsión a gitanos rumanos. La policía justificaba la decisión por la ocupación ilegal de un terreno, un criterio que a juicio del tribunal no supone la "amenaza al orden público" necesaria para emitir una orden de expulsión. En este sentido, Besson anunció esta semana su intención de incluir la "mendicidad agresiva" y el "robo reiterativo" entre los criterios que puedan motivas la expulsión.