La CPI ordena la liberación de Thomas Lubanga, ex guerrillero del Congo

La discrepancia de pareceres entre Luís Moreno Ocampo, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), y los propios jueces, puede desbaratar el primer proceso de la historia abierto contra el reclutamiento de niños soldado. La sala que juzga a Thomas Lubanga, ex líder de la Unión de Patriotas Congoleña, acusado de forzar a menores de 15 años a luchar en la guerra civil que asoló el país (1999-2003), ha ordenado su puesta en libertad. Adrian Fulford, el juez titular, considera imposible que tenga un juicio justo. La defensa no ha visto una serie de documentos que podrían acabar exculpándole. En especial, la fiscalía se resiste a acatar la orden de desvelar la identidad de un testigo esencial. Aduce que corre peligro de muerte y su deber primordial es protegerlo.

Los jueces consideran garantizada su seguridad, y recuerdan que no puede sostenerse una acusación sobre unas declaraciones imposibles de contestar por parte de la defensa. De modo que han decretado la liberación de Lubanga. Con alguna reserva. Seguirá encerrado si la fiscalía presenta, en el plazo de cinco días, un recurso de apelación. Tampoco dejará la celda hasta que le acoja un país, en virtud de los acuerdos del Estatuto de Roma, texto fundacional de la Corte.

De 50 años y licenciado en Psicología, Thomas Lubanga es miembro de la comunidad hema. La guerra de Congo se cobró unos 4 millones de vidas y tuvo carácter interétnico. Entre 2002 y 2003, periodo por el que está imputado, los hombres de su Unión de Patriotas luchaban en la región de Ituri, situada al noreste. Sus rivales eran los lendu. Los niños soldado alistados "fueron arrancados de sus familias o captados en caminos y escuelas". "Estaban obligados a matar a todos los civiles considerados enemigos, mujeres, niños y ancianos incluidos. También les forzaron a saquear y violar". Así lo relataron seis testigos presentados por los fiscales. Todos ellos llevaron en su día el mismo uniforme de miliciano. La zona de Ituri, rica en minas de oro, se convirtió en un escenario ocupado por los Gobiernos de Ruanda y Uganda, además del Ejército de Congo.

El pliego de cargos leído en 2009, al inicio del proceso, por Moreno Ocampo, añadía aún otros detalles al enrolamiento forzoso. "Los chicos utilizados por Lubanga fueron violados. Las niñas eran esclavas sexuales de los comandantes guerrilleros. Este es uno de los peores crímenes contra la infancia. Si es condenado, espero que se contemple la pérdida de una generación entera de menores congoleños. Pediré una pena muy severa o próxima a los 30 años. La máxima posible", dijo entonces.

Unas palabras demoledoras, que contrastan con la nota recién emitida por la Sala I de la CPI, encargada del caso. Muy dura con la fiscalía, recuerda que ésta no puede asumir competencias que no le son propias. Que está sometida a la ley y debe cumplir las órdenes de los jueces. Que la protección de los testigos invocada ha sido garantizada por la Corte, y no es posible ocultarle documentos esenciales a la defensa. Y, en definitiva, que no puede dictarse resolución alguna sin garantizarse antes un juicio justo al reo.

Lubanga ha negado siempre los hechos. Se presenta como un político castigado por la comunidad internacional por no haber permitido que las firmas extranjeras explotaran la riqueza mineral de Congo. En su tierra hay oro y diamantes, cobre, cobalto, zinc y coltán, usado en telefonía móvil y electrónica. A pesar de la presencia de Naciones Unidas, las organizaciones humanitarias señalan que los saqueos de materias primas continúan. En cuanto a los grupos rebeldes, les ayudarían mafias internacionales, tanto africanas como occidentales.