Obama lleva a los tribunales la ley de Arizona

El Gobierno de Barack Obama ha pedido formalmente a los tribunales de justicia la paralización de la controvertida ley de Arizona sobre la inmigración ilegal, una decisión valiente que no solamente anticipa una difícil batalla legal en la que la Administración asume muchos riesgos, sino que también eleva al máximo la tensión sobre un asunto que está polarizando al país en las últimas semanas.

El Departamento de Justicia tenía previsto ofrecer anoche los detalles de la demanda presentada ante un tribunal federal del estado de Arizona por la supuesta inconstitucionalidad de la ley y por la usurpación por parte de las autoridades de ese territorio de una función que le corresponde al Gobierno federal. El fiscal general, Eric Holder, entiende que la Constitución deja exclusivamente en manos de la Administración central la gestión de asuntos la inmigración y la seguridad fronteriza que afectan al conjunto de los ciudadanos norteamericanos.

Los detalles legales y la defensa que Holder sea capaz de hacer de su causa serán muy importantes de cara a una pelea que puede ser dura, prolongarse durante mucho tiempo y provocar importante repercusiones políticas. Una derrota del Gobierno ante los tribunales, por ejemplo, además de debilitar gravemente a Obama, abriría la puerta a múltiples opciones legislativas sobre inmigración y podría crear un desorden jurídico inimaginable.

La ley de Arizona, que ya fue aprobada por el Congreso del Estado en abril y firmada por su gobernadora, Jan Brewer, entrará en vigor el próximo día 29 si el Gobierno de Obama no consigue antes que los jueces lo impidan. Siguiendo ese ejemplo, otros estados afectados por la situación de la frontera con México han anunciado iniciativas legislativas similares.

En un importante discurso la semana pasada, Obama reconoció que el sistema migratorio en Estados Unidos estaba quebrado, pero advirtió que era responsabilidad de su gobierno repararlo y propuso a los dos partidos un acuerdo para la aprobación de una nueva ley que regule el problema a escala nacional.

Su decisión ahora de acudir a los tribunales supone un paso infrecuente y peligroso. Por un lado, la intromisión de la Administración federal en las decisiones de un estado, por razones históricas y prácticas, suele ser poco recomendable. En este caso, además, la decisión de Washington chocaría con lo que parece ser, según las encuestas, la opinión de una mayoría de los norteamericanos.

La ley de Arizona ha sido considerada por numerosos expertos y analistas como una auténtica aberración jurídica. Convierte en un delito la presencia en Arizona de inmigrantes sin documentos y permite a la policía confirmar el estatus legal de una persona a la que se detenga por cualquier otro delito menor, incluso la presunta trasgresión de una ordenanza municipal.

Es una ley, como dijo Obama la semana pasada, que crea las condiciones potenciales para discriminar en función de la raza y para detener o molestar a ciudadanos norteamericanos o residentes legales simplemente por su aspecto o por su acento.

En definitiva, es una ley que perjudica claramente a la comunidad de origen hispano, la que más inmigrantes aporta en los estados del sur del país. Los dirigentes de esa comunidad, por esa razón, llevan semanas desarrollando un movimiento de protesta de gran repercusión. Más de 15 ciudades, entre ellas las más pobladas, se ha sumado a un boicot contra Arizona, mientras que las más influyentes instituciones del país, desde la Iglesia Católica a los sindicatos o los medios de comunicación, han denunciado la arbitrariedad de esa legislación.

La opinión pública, sin embargo, parece entender la ley de Arizona, más que como un quebranto de los principios constitucionales, como un intento de poner orden en una situación que se escapa de las manos. Estados Unidos cuenta actualmente con unos once o doce millones de inmigrantes ilegales y, aunque el ritmo ha bajado durante la reciente crisis económica, este país sigue siendo un destino predilecto de trabajadores sin papeles, especialmente procedentes del sur de su frontera.

Esos inmigrantes son, al mismo tiempo, un pilar esencial de la economía de muchos estados y una fuente de conflictos sociales. Durante años, el Gobierno en Washington ha tratado infructuosamente de regular la situación. Una serie de intereses políticos locales impiden reunir en el Congreso la mayoría precisa para hacerlo.

Ahora, la población considera este problema como uno de los prioritarios y exige, tanto el control fronterizo como la ordenación de la situación actual. Una encuesta de Gallup muestra que un 50% cree más urgente impedir la llegada de nuevos inmigrantes ilegales, mientras que un 45% estima prioritaria la regularización de los que ya están aquí.

El asunto adquiere mayor actualidad en estos momentos, cuando los partidos se disponen a cortejar el voto hispano para las elecciones legislativas de noviembre.