El embajador de EE UU en México califica a la ley de inmigración de Arizona de potencial "apartheid"

La polémica ley contra la inmigración aprobada en Arizona sigue provocando reacciones dentro y fuera de Estados Unidos. En México, fronterizo con el estado del sur de EE UU, el embajador de EE UU en ese país, Carlos Pascual, ha asegurado que la ley es "una violación de los derechos civiles" y podría provocar "un tipo de apartheid". "Su aplicación puede forzar a la diferenciación basada en razones étnicas", ha apuntado el diplomático, comparando al régimen discriminatorio de las personas negras en Sudáfrica durante décadas y que fue abolida en 1991.

La ley SB1070 sancionada en abril y que entra en vigor el 29 de julio, convierte en delito estar ilegalmente en el Estado y faculta a la policía, estatal y local, para determinar la situación de legalidad o ilegalidad de ciudadanos dentro del estado, algo que, hasta ahora, era competencia exclusiva de los agentes de Inmigración, lo que facilita la detención y expulsión de extranjeros. permite a las fuerzas de seguridad estatales detener a cualquier sospechoso de no tener regularizado su estatus migratorio. "Ha tomado funciones que son federales (...), es imposible que cada estado diga cuál debe ser el esquema estatal para la migración", ha argumentado Pascual. De seguir esa línea, Estados Unidos carecería de un sistema nacional "consistente", ha añadido.

Arizona, con unos 6,5 millones de habitantes, cuenta con casi un millón de extranjeros en su territorio, de acuerdo a un estudio de BBVA Bancomer. Los mexicanos (un total de 611.410) representan el 93% de todos los latinoamericanos que viven en ese estado y el 66% de la población extranjera total de la región. La aprobación de la ley ha provocado furiosas reacciones en su contra por parte de la comunidad latina tanto en México como en Estados Unidos, y ha puesto en entredicho los intercambios comerciales de Arizona con otras ciudades y estados de ambos países.

Demanda de la Casa Blanca

La Casa Blanca ha demandado a Arizona bajo el argumento de que la ley supondrá el "acoso y la detención de visitantes extranjeros, inmigrantes legales y ciudadanos estadounidenses que no puedan probar inmediatamente su situación legal". Asimismo, la demanda manifiesta que la ley SB1070 viola la Constitución estadounidense al adjudicarse competencias del ámbito federal. El Gobierno de EE UU pidió al juez que se suspenda de manera preliminar la aplicación de la ley, cuya entrada en vigor está prevista para el 29 de este mes. Por su parte, las autoridades de Arizona consideran que la demanda de Washington es "una equivocación" y que los fondos públicos destinados a ella deberían gastarse contra "los violentos cárteles mexicanos".

México por su parte, ha planteado un recurso de anticonstitucionalidad ante el Tribunal Federal de EE UU, bajo el argumento de que la medida dañará las relaciones bilaterales entre los dos países y la norma es racista y dirigida expresamente contra los ciudadanos mexicanos.

En Estados Unidos hay cerca de doce millones de mexicanos, la mitad se presume que indocumentados. La comunidad latina viene pidiendo durante los últimos años una reforma de las políticas migratorias. La materia fue pospuesta en la última etapa del gobierno de George W. Bush, ante la proximidad de las elecciones.

El actual presidente estadounidense, Barack Obama, que se benefició del apoyo latino en los comicios que lo llevaron al poder, ha expresado reiteradamente su convencimiento de que es necesario un cambio, pero por el momento no se han tomado medidas concretas.