Un juzgado peruano concede la libertad condicional a Lori Berenson

Un juzgado peruano ha concedido la libertad condicional a la estadounidense Lori Berenson, tras cumplir 15 de los veinte años de condena por un delito de terrorismo por pertenencia al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).Una decisión precedida de cierta polémica, ya que en octubre entró en vigor una ley que niega beneficios penitenciarios en casos de delitos relacionados con el terrorismo.

La titular del primer juzgado supraprovincial, Jessica León Yarango, comunicó el martes en una sesión pública esta decisión y ordenó la "inmediata liberación" de Berenson, aunque no está claro si ya va a poder abandonar la prisión. En su resolución, la jueza decretó que Berenson no podrá abandonar el país en lo que le queda de condena ni podrá tener contacto con personas condenadas por terrorismo. Berenson, que firmó la resolución judicial tras comunicar su acuerdo total y sin siquiera consultar con su abogado, se abstuvo de todo gesto político y ni siquiera quiso posar para los fotógrafos al término de esta audiencia crucial.

La estadounidense pasará el resto de su condena en Perú, con obligación de comparecer periódicamente ante las autoridades judiciales, y se dedicará a trabajos de traducción y estudios de repostería, según alegó su defensa.

El MRTA al que pertenecía Berenson fue uno de los dos grupos que, junto a Sendero Luminoso , tuvo en jaque al país durante los años noventa, pero mientras que Sendero aún cuenta con algunos grupúsculos activos en valles cocaleros selváticos, el MRTA abandonó por completo la lucha armada.

Lori Berenson fue detenida en Lima el 30 de noviembre de 1995 a la salida del Congreso peruano, al que había accedido con una credencial falsa de periodista en compañía de Nancy Gilvonio, la esposa del cabecilla del MRTA Néstor Cerpa. Según la justicia peruana, las dos mujeres pretendían observar los sistemas de seguridad del edificio y recabar información sobre los legisladores con el fin de preparar un asalto al Parlamento. Un día después de su detención, la policía desbarató un plan de la banda armada para ocupar el Congreso, tomar a parlamentarios como rehenes y exigir su canje por los cabecillas presos del grupo.

Activista social para unos pocos

En 1996 un tribunal militar la sentenció a cadena perpetua, y la norteamericana fue trasladada a la prisión de Yanamayo (cerca del lago Titicaca), considerada una de las cárceles reservada para los más peligrosos. La sentencia originó una campaña de apoyo en los Estados Unidos, en la que congresistas, senadores y secretarios de Estado pidieron en más de una ocasión al Gobierno de Perú una reducción de la condena. Cuatro años después, en el año 2000, ese fallo fue anulado, en cumplimiento de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que consideró que se violaron sus derechos cuando fue detenida y juzgada durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000). Finalmente, el 20 de junio de 2001, tras un nuevo juicio civil, fue sentenciada a veinte años de prisión.

Una condena que nunca han compartido sus padres, quienes siempre han señalado que su hija no perteneció al MRTA y han promovido varias campañas por su liberación. De hecho, existe una página web de apoyo a la norteamericana , donde es definida como "una activista social" que es "prisionera política en Perú".

Cuando fue detenida, los analistas peruanos señalaron que su participación en el MRTA debía hacer meditar a su país sobre las causas que llevaron a una joven culta y de una familia respetable a vincularse con un grupo radical.

Tras la revisión de su caso, la norteamericana ha pasado los últimos años en prisión con bastante discreción política, hasta el punto de que el Instituto Nacional Penitenciario consideró que estaba lista para volver a insertarse en la sociedad, una opinión que fue crucial para que se le haya autorizado ahora a abandonar su reclusión.