El Gobierno de Brasil propone una arriesgada reforma penitenciaria

El Ministerio de Justicia de Brasil ha lanzado una propuesta que ahora deberá ser aprobada por el Congreso. Si prospera, 80.000 de los presos que hoy se hacinan en las cárceles del país podrían salir a la calle y vivir bajo vigilancia electrónica. De esa forma, un 20% de los detenidos podrá dejar lugar en los penales para otros presos más peligrosos.

El presidente del Supremo, Cezar Peluso, que hace días criticó la situación inhumana en la que viven los reclusos, acaba de admitir en el Parlamento que el sistema penitenciario brasileño es un sistema "fallido".

Sin embargo, la aplicación de la medida propuesta no es fácil, porque es altamente impopular. Los ciudadanos quieren ver a los presos encerrados. No se fían de una cadena electrónica colocada en sus cuerpos para poder conocer su paradero. La violencia ciudadana aparece hoy como el problema número uno en todos los sondeos, y saber que cerca de 100.000 presos van a pasear por las calles no agrada a nadie.

El Parlamento ya tiene sobre la mesa varios proyectos de vigilancia electrónica de los detenidos menos peligrosos, pero ninguno ha conseguido aún ser aprobado, porque los diputados y senadores tienen miedo de la reacción ciudadana.

Al mismo tiempo, el Gobierno federal ha dedicado 470 millones de reales (casi 202 millones de euros) para la construcción de nuevas cárceles en el país, pero los políticos de las regiones en las que deberían ser construidos dichos penales se resisten. Y el motivo es el mismo: nadie quiere una cárcel cerca de su casa, sobre todo teniendo en cuenta el alto índice de fugas de los presos de las cárceles brasileñas.

El problema es que la población carcelaria en este país crece alarmantemente. Cada año entran 4.000 reclusos nuevos. Según informaciones del diario O Globo, supera a Estados Unidos en términos proporcionales. Desde 1995 hasta hoy, el número de detenidos en Brasil ascendió de 148.000 a 473.000. Esto se debe en parte a que las penas que se imponen a los traficantes de drogas se han endurecido, de forma que hoy pueden ser condenados hasta a cuatro años de cárcel. El tráfico de drogas es la segunda causa de detención, después de los robos a mano armada (el 52%). Y el 70% de los presos que salen de la cárcel vuelven a cometer el mismo delito por el que habían sido condenados.

El 60% de los presos son negros o mulatos y provienen de las clases más pobres. Sólo un 38,5% son blancos, y la mayoría, sin estudios. De los 473.626 presos brasileños, 56.514 están detenidos en comisarías de policía debido a la falta de espacio en los centros penitenciarios. Y sus condiciones de vida, hacinados y con escasos servicios higiénicos, son a veces peores que las de los presidios.