Human Rights Watch critica las detenciones en Venezuela
La ONG señala que las aprehensiones sientan "un muy mal precedente"
Las detenciones del presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga y de Oswaldo Álvarez Paz, miembro de la Asamblea Nacional venezolana, reflejan "un fuerte golpe" para la libertad de expresión en Venezuela, según señala un informe de Human Rights Watch difundido el jueves.
"Procesar penalmente a una persona por una expresión crítica que está protegida en cualquier democracia es un muy mal precedente", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Dadas las limitaciones a un juicio justo, producto del copamiento político del Tribunal Supremo por parte del Gobierno, es muy probable que las violaciones a la libertad de expresión se agraven", añadió.
Zuloaga fue detenido el jueves después de que diputados del oficialista Partido Oficialista Unido de Venezuela le acusaran ante un juez de "vilipendiar" al Gobierno de Hugo Chávez durante su intervención en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada en Aruba en este mes.
La Agencia Bolivariana de Noticias, que gestiona el Gobierno venezolano, dijo que Zuloaga había criticado al presidente Hugo Chávez por atentar contra la libertad de expresión al cerrar varios medios.
La detención de Zuloaga se produjo un día después de que Oswaldo Álvarez Paz, ex gobernador del Estado de Zulia (noroeste del país) y miembro de la Asamblea Nacional, fuera encarcelado por criticar al Gobierno de Chávez durante un programa de televisión emitido este mes. "Durante años, Chávez ha impulsado leyes para restringir el ejercicio de la libertad de expresión", aseguró Vivanco.
La posición de Human Rights Watch coincide con las de otras ONG, que también han señalado que el Gobierno de Hugo Chávez restringe la libertad de expresión en el país suramericano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su "profunda preocupación" por la aprehensión de Zuloaga. Caracas rechazó ayer las acusaciones e hizo un llamado a "la comunidad latinoamericana" para reaccionar a la "utilización política" del organismo. El Gobierno venezolano añadió que Zuloaga y Álvarez serían juzgados "por violar las leyes e incitar al odio".
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