Los jueces italianos acusan a Berlusconi de "denigración" y "deslegitimación"

El Parlamento de Italia aprobó hoy de modo definitivo el proyecto de ley que permitirá al jefe del Gobierno italiano, Silvio Berlusconi, y a sus ministros no presentarse a declarar en los tribunales alegando compromisos institucionales relacionados con sus cargos. Acto seguido, el pleno del Consejo Superior de la Magistratura (CSM) de Italia ha aprobado por amplia mayoría un documento en el que acusa a Berlusconi de denigrar y deslegitimar a los magistrados del país con sus continuos ataques.

En el texto, que recogen los medios de comunicación italianos, los miembros del CSM piden que no se repitan los episodios de "denigración y de condicionamiento de la magistratura y de los jueces" que ha protagonizado Berlusconi durante los últimos meses, sobre todo tras la invalidación de la ley de inmunidad. "No es admisible la deslegitimación de una institución hacia otra, a riesgo de que se produzca una merma en la credibilidad de todo el engranaje constitucional", afirma el pleno del Consejo Superior de la Magistratura.

Según el CSM, la acusación más grave es la de que los magistrados italianos buscan "fines distintos" de la Justicia en el ejercicio de su actividad y esto puede hacer que se generalice en la opinión pública "la convicción de que la magistratura no desarrolla su función de garantía, causando así una grave lesión al prestigio y el ejercicio independiente de la jurisdicción".

"Los tres poderes de Montesquieu"

Este documento de condena llega después de que Berlusconi haya dedicado en los últimos meses continuos ataques hacia un sector de los jueces de Italia -que él considera "de izquierdas"- por la que denuncia como una persecución contra su persona, materializada en los dos procesos penales que tiene en curso en Milán (norte del país). En un comunicado de prensa, el vicepresidente del CSM, Nicola Mancino, afirma que la del primer ministro es una figura institucional, que tiene responsabilidad política y no puede usar "un lenguaje de insultos y a veces de intimidaciones hacia el libre ejercicio de la actividad judicial". "Existe una diferencia de cultura política entre quien considera que quien es investido por el consenso popular es inmune a críticas e investigaciones y quien, por el contrario, cree que los poderes son los que siempre hemos conocido, los tres poderes de los que hablaba Montesquieu", comenta Mancino.

Mientras tanto, se aprobaba la llamada ley del "legítimo impedimento", norma que la oposición ha interpretado como un nuevo intento del Gobierno para evitar que Berlusconi acuda a los tribunales. Ha pasado el examen del Senado con 169 votos a favor, 126 en contra y 3 abstenciones, en otra polémica sesión parlamentaria. El proyecto de ley pasó en su totalidad después de que la Cámara Alta aprobara dos nuevos votos de confianza que el Ejecutivo había planteado a otros tantos artículos del texto y que suponen la trigésimo primera iniciativa de este tipo que el gabinete de Berlusconi ha puesto desde que llegó al poder en 2008.

Según ha explicado el Gobierno, la ley del "legítimo impedimento", que ya fue aprobada por la Cámara de los Diputados el pasado 3 de febrero, es necesaria para el "sereno desarrollo de las funciones atribuidas por la Constitución y por las leyes" al primer ministro y a los miembros de su gabinete. Con la aprobación de la norma y siempre que los miembros del Gobierno decidan acogerse a ella, los jueces se verán obligados a aplazar el proceso cada seis meses, pero congelando los tiempos de prescripción de los delitos.