El presidente de Nicaragua no quiere críticos

El escritor británico George Orwell afirmó que "si la libertad significa algo, es el derecho de decirles a los demás lo que no quieren oír". Y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, parece dispuesto a no aceptar ningún tipo de críticas a su gestión. Desde que Ortega asumió el poder en 2007, ha hecho uso de las instituciones del Estado, de la justicia que él controla y de la millonaria cooperación venezolana para amedrentar a la prensa independiente, comprar medios de comunicación y, más recientemente, acallar las voces críticas.

Esto último es lo que ocurrió la semana pasada con el periodista Carlos Fernando Chamorro, director, editor y conductor del programa de análisis político y periodismo de investigación Esta semana, retransmitido hasta el domingo pasado por el Canal 8 de la televisión de Managua. El canal fue recientemente comprado de forma secreta por el presidente Ortega con los fondos de la cooperación venezolana -450 millones de dólares en 2008-, que el presidente maneja de forma discrecional. La transacción, según se ha conocido a través de los periódicos, sumó el monto de más de 200 millones de córdobas (unos 10 millones de dólares).

La compra del canal ha disparado las alertas entre periodistas y organizaciones civiles, que ven en esa transacción un nuevo paso por el control de los medios de comunicación al que aspira el presidente, cuya esposa, Rosario Murillo, es la encargada de manejar el aparato de comunicación del Estado. Con esta adquisición, Ortega logra silenciar una de las voces más críticas del Gobierno: Carlos Fernando Chamorro, hijo del periodista Pedro Joaquín Chamorro -asesinado por la dictadura de los Somoza- y la ex presidenta Violeta Chamorro, que ganó frente a Ortega las elecciones de 1990.

Carlos Fernando Chamorro denunció, a través de reportajes de investigación, la utilización de la justicia que el mandatario nicaragüense hace para favorecer a su círculo íntimo. Esos reportajes demostraron que personeros del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido de Ortega, mantienen una red de extorsiones en el poder judicial para chantajear a empresarios. Esta denuncia pública, conocida como el caso Tola, hizo que el Gobierno levantara cargos contra Chamorro, acusándole de lavado de dinero; interviniera sus oficinas, y que la justicia amenazara con la cárcel al periodista, amenaza que no prosperó.

La semana pasada, un portavoz del Gobierno dijo a Carlos Fernando Chamorro que si quería podía mantener su programa en el Canal 8. Chamorro respondió a esa oferta el domingo en un emotivo discurso de despedida de los telespectadores: "Hoy ratifico ante la sociedad nicaragüense que no deseo ser socio o colaborador del señor Ortega, directa o indirectamente, ni en sus negocios económicos ni en sus negocios políticos, que buscan ayudarle a limpiar su imagen autoritaria".

A decir verdad, Daniel Ortega no cuenta con el mejor récord en cuanto a libertad de expresión y a transparencia de la gestión pública se refiere. El Gobierno controla las licencias de radio y televisión, ejerce presión económica contra los periódicos, a través de impuestos y otros tributos o poniendo trabas a la entrega del papel en las aduanas. Marchas de la oposición han sido reventadas por seguidores del Gobierno, que también han atacado a miembros de organizaciones opositoras, cuyas denuncias no prosperan en la fiscalía. Simpatizantes de Ortega han montado juicios contra periodistas por supuestas injurias y calumnias.

Según investigaciones de los medios nicaragüenses, el presidente, su familia y el círculo de empresarios afines al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) intentan controlar la industria farmacéutica, monopolizan la importación de petróleo o compran hoteles de lujo y amplias fincas en las zonas ganaderas del país, mientras ocho de cada 10 nicaragüenses viven en la pobreza.

Ortega mantiene su gestión bajo el secretismo más estricto, y las instituciones del Estado violan las leyes de acceso a la información vigentes en este país. La justificación es que los "medios de la derecha", como los llama el mandatario, quieren desestabilizar su Gobierno.

Y es así como, en ese contexto de intimidación, hasta ahora ninguna cadena de televisión nacional ha accedido a alojar el programa de Carlos Fernando Chamorro, a pesar de que Esta semana es uno de los de mayor audiencia del país. Ningún dueño de medios quiere correr el riesgo de que Ortega les cierre el negocio.