La República Checa no indemnizará a las gitanas esterilizadas sin su consentimiento

El Gobierno de la República Checa ha declarado que "lamenta" las esterilizaciones ilegales de mujeres gitanas que se produjo durante el comunismo, pero que no asume la responsabilidad "por errores individuales" de los médicos que las acometieron.

El ministro checo de Derechos Humanos, Michael Kocab, ha explicado que su Gabinete ha introducido medidas para acabar con una práctica que finalizó oficialmente con la caída del comunismo en Checoslovaquia en 1990, aunque los grupos defensores de los derechos humanos afirman que el último caso registrado data de 2003.

La esterilización obligada fue utilizada por el régimen para frenar la tasa de fertilidad de las mujeres de etnia romaní, tradicionalmente elevada.

La Liga de Derechos Humanos ha declarado que la expresión de lamento del Gobierno es insuficiente y ha reclamado que indemnice a las mujeres que fueron esterilizadas sin su consentimiento. Sin embargo, un miembro del Gobierno ha explicado que éste "no pide perdón a las mujeres porque rechaza asumir la responsabilidad por errores individuales que, de ningún modo, inició". Según las autoridades, la responsabilidad corresponde a los médicos que llevaron a cabo las esterilizaciones.

Aunque el Gobierno checo no cuenta con estadísticas sobre este problema, según la cadena británica BBC sólo en un pueblo del este del país 80 mujeres romaníes han declarado haber sido esterilizadas sin su consentimiento en la sistema de salud checo. Las protestas sobre esta práctica forzaron al Gobierno ha auspiciar una investigación oficial, y el Defensor del Pueblo checo publicó un informe en 2005 donde se aceptaba que el problema es real y se recomendaba al Estado indemnizar a las mujeres afectadas entre 1973 y 1991.

Las autoridades comunistas practicaron una política asimilacionista con los romaníes que, según el Defensor del Pueblo, "incluyó esfuerzos de los servicios sociales para controlar la tasa de nacimientos entre la comunidad romaní". A muchas familias se les ofreció dinero, aunque no como parte de una política oficial. Algunas mujeres firmaron un documento de consentimiento sin ser conscientes de lo que significaba someterse a la operación.