Guatemala enjuicia la guerra civil

U n tribunal de la ciudad Chimaltenango, a 60 kilómetros al este de la capital guatemalteca, condenó este martes a 150 años de prisión al ex comisionado militar Felipe Cusanero Coj por el secuestro y desaparición de seis indígenas -entre ellos dos mujeres- durante el conflicto armado que desangró Guatemala entre 1960 y 1996. La sentencia es la primera de esta índole por crímenes durante la guerra civil, en la que desaparecieron unas 50.000 personas. La importancia del fallo motivó que varios embajadores extranjeros estuviesen presentes en la sala y mostrasen su satisfacción por la resolución.

Cusanero, de 68 años, es actualmente catequista de la Iglesia católica. Los familiares de las víctimas, que durante el juicio brindaron los testimonios que permitieron la condena del ex paramilitar, denunciaron el fin de semana que son víctimas de amenazas por parte de los hermanos y parientes del condenado. "Nos amenazaron con hacernos desaparecer uno a uno", dijeron ante la Fiscalía, ante la que reclaman que se obligue al condenado a decir dónde se encuentran los restos de los desaparecidos "para darles sepultura de acuerdo con los ritos de nuestros antepasados".

En la cosmogonía maya, el alma de los difuntos no descansa hasta recibir sepultura de acuerdo con la tradición, responsabilidad que recae directamente sobre los familiares. Este ritual, en una población profundamente religiosa, constituye un elemento más de tortura para quienes tienen parientes desaparecidos.

Fueron necesarios cinco años para que los familiares de las víctimas del delito de desaparición forzada de la aldea Choatalum pudieran encontrar una respuesta dentro del sistema de justicia nacional. En ese período, y durante los días que duró el debate público, la defensa legal del imputado presentó recursos con el objetivo de retrasar el proceso.

Según el sumario, "durante el período comprendido de septiembre de 1982 a octubre de 1984, se perpetraron seis desapariciones forzadas contra los vecinos Santiago Sutuj, Alejo Culajay Ic, Lorenzo Avila, Filomena López Chajchaguin, Encarnación López López y Mario Augusto Tay Cajtí. Las detenciones ilegales fueron realizadas por Felipe Cusanero Coj. Algunas fueron perpetradas en compañía de miembros del Ejército o de Patrulleros Civiles", en alusión a las tenebrosas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), integradas mayoritariamente por campesinos mayas reclutados a lazo bajo las órdenes del Ejército.

La condena se considera paradigmática por tratarse del primer caso por desaparición forzada que llega a juicio en este país centroamericano. Aunque hay conciencia de que se trata del eslabón más débil de la larga cadena de la represión, abre algún paréntesis de esperanza para que se lleven a cabo procesos similares.

La desproporcionada represión militar hacia las guerrillas de inspiración marxista, hacen que la guerra civil guatemalteca sea considerada como la más sanguinaria de Latinoamérica. Las estadísticas confirman esa apreciación. Sólo entre 1981 y 1983, durante los regímenes de los generales Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt, las masacres en contra de población civil desarmada borraron del mapa más de 400 aldeas; murieron alrededor de 75.000 personas y un millón de campesinos buscaron refugio en la selva o cruzaron la frontera de México, según queda documentado en los informes Guatemala, Nunca Más, del asesinado obispo Juan Gerardi, y Guatemala, Memoria del Silencio, de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, patrocinada por la ONU. El conflicto se saldó con 250.000 muertos y 50.000 desaparecidos, según cifras oficiales.