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El puente de los canallas

Una disputa legal entre el Estado de Florida y la ciudad de Miami hace que más de medio centenar de delincuentes sexuales vivan bajo una autopista

El paraíso turístico de Miami, ahora también en crisis desde sus cimientos, tiene muchos lados oscuros y no muy lejos del glamour de sus playas, sus yates y sus modelos vivos o arquitectónicos. Tal vez uno de los más impactantes es el que sucede bajo el Julia Tuttle Causeway, el puente de entrada directa a Miami Beach desde el aeropuerto internacional.

La inmensa mayoría de los miles de turistas que lo atraviesan cada día no saben que pasan por un campamento entre la depravación y la ignominia. Más de un centenar de personas viven ahí, a la vieja usanza de los más pobres. No sería muy diferente a otras ciudades menos paradisíacas, pero hay una sensible diferencia. Al menos 70 de ellos son delincuentes sexuales registrados y lo hacen obligados por las estrictas leyes del condado de Miami Dade, la ciudad y el Estado de Florida.

Florida estableció que este tipo de malhechores no puedan vivir jamás, incluso cumplidas sus condenas, a menos de 304,8 metros de lugares donde haya niños, colegios o parques. En 2005, tras el asesinato y violación de una niña, el condado y la ciudad de Miami endurecieron la ordenanza y subieron la distancia a 762 metros. Pero con ese espacio, muchos convictos sólo encontraron ya el puente para vivir, una solución auspiciada por el propio Estado.

"Está muy mal que vivan debajo de un puente y además es inútil, porque desde allí pueden ser tan peligrosos como si estuvieran en cualquier otro sitio que no sea la cárcel. Y si cumplieron sus condenas, pues cuanto peor estén será malo para todos. Habrá que controlarlos, claro, pero según cada caso es justo darles otra oportunidad", señala Sonia, una residente de Miami Beach, que vive precisamente en la calle 41ª, donde desemboca el viaducto Julia Tuttle Causeway.

Fotografías y todo tipo de datos, desde los personales hasta el crimen cometido, se publican de vez en cuando en la prensa para estigmatizar a los delincuentes. Algunos de los residentes bajo el puente, sin salida, ya ha intentado suicidarse. La fiscal estatal Katherine Fernández ha reconocido: "Es un problema de seguridad pública. No es seguro para ellos y tampoco para los ciudadanos. Viven en condiciones inhumanas".

En el juego político de devolverse la pelota, el Estado critica a la ciudad y al condado por complicar el problema al aumentar la distancia a la que deben vivir estas personas de zonas con niños. Patrick Wise, uno de ellos, lo comenta: "El Estado nos exige que vivamos a 305,8 metros, no a 762 como pide la ciudad, y entonces yo sí podría encontrar dónde vivir". Pero la ciudad rebate que es el propio Estado el que ha decidido que la "casa Julia Tuttle" sea la apropiada para su alojamiento y hasta en sus tarjetas de identificación aparece el puente como sorprendente dirección de residencia.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha entrado en la pugna y ha llegado a demandar a la ciudad y al condado por infringir la ley superior estatal de distancias. John de León, abogado y vicepresidente en Miami de la ACLU, ha hecho hincapié en ello: "Lo mínimo que se debe cumplir es la distancia estatal, aunque no haya mucha diferencia. Pero al menos así podrían estar en casas y no creando más peligro. El problema es mucho más difícil que decidir dónde viven estos seres humanos. Sabemos que son crímenes horribles los que han cometido, pero estamos tratando de que se involucren muchas partes para abordar el problema de fondo y la posible reinserción", subraya León.

Ronald Book, presidente del Homeless Trust, organismo del condado de Miami-Dade creado en 1995 para ayudar a los sin techo, anunció que al menos ocho de las personas hacinadas bajo el puente podrán ir ya a apartamentos al sur de Miami sin incumplir las leyes más estrictas de distancias. Es un principio.