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Bill Richardson firma la derogación de la pena de muerte en Nuevo México

"Ha sido la decisión más difícil de mi carrera", ha asegurado el gobernador de este Estado, que se convierte en el 15º que no aplica la pena capital

El gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, ha firmado esta madrugada (hora española) la ley que deroga la pena de muerte en este Estado, que se convierte en el decimoquinto que no aplica el castigo capital y el segundo en prohibirlo desde que se reinstaurara en 1976 por la Corte Suprema.

"Ésta ha sido la decisión más difícil de mi carrera política", ha dicho el demócrata Richardson, partidario de la pena capital, tras convertir en ley el proyecto de abolición. No obstante, ha señalado, no confiaba "en un sistema de justicia criminal que es el árbitro final cuando se trata de decidir quién vive y quién muere". "Si el Estado va a asumir esta enorme responsabilidad, el sistema que imponga la pena de muerte debe ser perfecto y no puede equivocarse nunca", ha agregado.

Aunque la pena de muerte todavía cuenta con el respaldo de la mayoría del país, según las últimas encuestas, en los últimos años la aplicación del castigo ha sido criticada por errores en los procesos contra los condenados, así como por denuncias por una presunta ineptitud de los abogados defensores.

Una aplicación racista

También los grupos detractores han dicho que se aplica de forma racista y especialmente con mayor inclemencia en los Estados del sur del país. La decisión fue aplaudida por La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que señaló que debería ser un ejemplo para otros estados. "Se trata de un sistema lleno de errores, discriminatorio y en bancarrta", ha indicado John Holdridge, director del Proyecto de Pena Capital de ACLU.

Richardson promulgó la ley después de que el proyecto fuera aprobado por el Senado estatal el viernes de la semana pasada. El castigo fue restablecido en 1976 por la Corte Suprema estadounidense y desde entonces han sido ejecutados 1.156 condenados, según cifras del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (CIPM).

Según CIPM, Utah y Colorado tienen proyectos para abolir el castigo. También existen iniciativas similares en Montana y Kansas. El último ejecutado en Nuevo México fue el asesino de niños Terry Clark, en 2001.